"Casi una veintena" de profesionales del sector sanitario y religioso, imputados por estos procedimientos
HUELVA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Bebés Robados de Huelva presentará este viernes ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra el auto dictado por la Audiencia Provincial el pasado 6 de febrero en uno de los casos existentes en la provincia, con el fin de luchar contra el cierre judicial de la investigación de los procedimientos en los juzgados de instrucción y para que el Alto Tribunal "despeje las dudas planteadas y siente un criterio que iguale doctrinas de todas las audiencias en España", según han informado a Europa Press desde la asociación.
El auto recurrido se basa en el pleno de la Audiencia Provincial de Huelva celebrado el pasado mes de noviembre, que se decantó por cerrar la vía penal a los asuntos de bebés robados en Huelva al considerar que los delitos estarían prescritos.
Los cinco juzgados de instrucción de la capital han hecho suyas dichas consideraciones y han considerado prescritos todos los asuntos que conlleven más allá de 15 años desde el nacimiento del presunto bebé robado, y por ende del presunto delito, una situación que ha originado que poco a poco todos los procesos judiciales se estén archivando sistemáticamente y que no se pueda seguir investigando sobre los mismos.
Este recurso se presenta en nombre del letrado José Luis Orta Prieto abogado que ha llevado el caso de la denunciante M.B.M.S. con la colaboración puntual de los letrados Isaac Maestre Maestre y del vicepresidente de la Federación de Asociaciones en España Coordinadora X-24, Enrique Vila Torres.
Así, actuaciones presuntamente irregulares de hospitales como el Manuel Lois, La Merced o de clínicas privadas en Huelva, así como presuntas actividades irregulares de profesionales del sector sanitario --ginecólogos, matronas y enfermeras-- y de religiosas se han quedado paralizadas por orden judicial y no se permite a día de hoy investigar sobre estos temas en Huelva, "a pesar de existir numerosas pruebas judiciales que indagar".
No obstante, es el hecho de que en Madrid la Audiencia mantenga el 28 de septiembre de 2012 un criterio distinto a la de su homónima onubense la que ha impulsado a este colectivo a reclamar justicia ante lo que consideran "un trato desigual por un simple criterio territorial, ya que según donde se haya parido al niño, así se tendrá derecho a investigar tu asunto".
Por ello, consideran que "esta tremenda injusticia" tiene que ser debatida por un tribunal superior a las propias audiencias, ya que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión"
Así, considerando esta asociación que "se han vulnerado derechos constitucionales" de ciudadanos onubenses desde el mismo momento que hechos idénticos son tratados de forma diferente en otra parte del país, se acude al Tribunal Constitucional para que "despeje las dudas planteadas y siente un criterio que iguale doctrinas de todas las Audiencias en España".
"CASI UNA VEINTENA" DE IMPUTADOS
Habida cuenta que en Huelva hay "casi una veintena" de profesionales del sector sanitario y religioso imputados por estos procedimientos, el devenir del recurso que se plantea al Constitucional traerá "consecuencias muy importantes" a esta provincia, tanto en el plano de los imputados como en el de las familias afectadas.
Con este recurso, la asociación pretende que el TC tome conciencia de un problema que aunque "no es nuevo en el tiempo, sus consecuencias han salido a la luz en estos momentos" y ello debe estar acompañado de una regulación jurídica que unifique los criterios sobre su investigación.
Por último, aseguran que no aceptan el criterio de la Audiencia Provincial de Huelva de limitar a 15 años el plazo máximo para ejercer acciones legales, "pues el bebé no habría cumplido ni la mayoría de edad o, en el mejor de los casos, siendo adulto no habría tenido conocimiento de los hechos delictivos sobre su persona hasta una edad más madura".
Consideran que se trata de un delito permanente en el tiempo y que su plazo de prescripción debe correr desde el momento en el que el bebé robado toma conciencia del delito que sobre él se ha cometido, tenga la edad que tenga. De lo contrario, "estaríamos infringiendo principios y derechos constitucionales", aseguran.
