MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha denunciado en su Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención correspondiente a 2019, que los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) "no cuentan con regulación o protocolos de funcionamiento específicos".
Estos centros son espacios habilitados en determinados puertos costeros para la recepción y atención de personas que el Gobierno puso en marcha ante la llegada masiva de inmigrantes por vía marítima.
El primer CATE que se puso en funcionamiento, en agosto de 2018, fue el de San Roque, más conocido como Crinavis, en el Puerto de Algeciras, en San Roque (Cádiz). Los restantes son los de Motril (Granada), Málaga y Almería.
Según consta el Defensor en su informe, "estas instalaciones, por el momento, no cuentan con regulación o protocolos de funcionamiento específicos". "A efectos prácticos son considerados 'extensiones' de las comisarías de la Policía Nacional de la que dependen, por lo que su estancia en ellas está afectada por el límite de 72 horas, rigiéndose por la regulación de las comisarías", explica la institución.
Así, tras el paso del ciudadano extranjero por estas instalaciones, se abren dos posibilidades: o bien se solicita a la autoridad judicial su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o bien pasan a recibir atención de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Para supervisar que las personas que llegan a las costas españolas reciben una "atención integral, incluyendo la sanitaria, con el debido respeto y dignidad", la institución visitó en 2019 cinco lugares donde se atiende a las personas que llegan por vía marítima: el CATE de San Roque, el CATE de Málaga, el CATE de Motril, el Centro de Primera Atención y Detención de Extranjeros de Motril y el Centro de Primera Atención y Detención de Extranjeros de Almería.
En la visita al CATE de San Roque, "se constató una mejora global de las infraestructuras, especialmente en lo referido a la zona de gestión burocrática". De hecho, informa de que se han habilitado nuevas oficinas para la Policía científica, para las entrevistas reservadas de los letrados con las personas detenidas y, en general, para la tramitación de los expedientes administrativos. Además, debido a las mejoras adoptadas, ninguna persona pernocta en este CATE. Por otro lado, Cruz Roja trasladó su base desde Tarifa hasta este CATE para el triaje inicial, de modo que las personas pueden ser atendidas por las ONG el mismo día de su llegada.
También se visitó el nuevo CATE de Málaga, que según indica el informe, solo se había utilizado en una ocasión la semana anterior a la visita, con la llegada de 132 personas procedentes de accesos irregulares por mar a territorio nacional. Por tanto, el Defensor ha solicitado a la Administración datos desglosados de las personas que habían pasado por ese CATE; datos sobre menores acompañados y las pruebas de ADN realizadas; pruebas de personas que declararon ser menores, así como datos sobre solicitantes de protección internacional.
Respecto a las instalaciones en el puerto de Motril (Granada), si durante la visita realizada en 2018 se apreció la existencia de 13 tiendas de campaña de gran capacidad y otras instalaciones auxiliares, en la visita de 2019 se constató que habían sido desmontadas las tiendas de campaña y que se había trasladado de ubicación el CATE. Las nuevas instalaciones permanecían en obras y aún no se habían abierto, por lo que no se accedió a ellas.
El Centro de Primera Atención y Detención de Extranjeros en Motril, continúa en funcionamiento, a pesar de que desde hace dos años la institución viene solicitando su cierre. Según el informe, en el momento de la visita no había inmigrantes en las instalaciones, y se constató que estas dependencias no habían sufrido modificación alguna desde la última visita realizada.
Asimismo, en este centro continúa manteniéndose el uso de literas solo para mujeres, mientras que los hombres deben dormir en el suelo, ya que la superficie de los poyetes, habilitados a tal fin en las celdas colectivas, es insuficiente para el número de personas que en ocasiones alojan.
Con respecto al Centro de Primera Atención y Detención de Extranjeros en Almería, la visita del año pasado fue la cuarta realizada por la institución, que destaca la persistencia de "deficiencias apreciadas en anteriores visitas". Una de deficiencias constatadas, ya señalada, fue el hecho de que haya personas que duerman en el suelo.
Así, se ha dado traslado a la Dirección General de la Policía de la disconformidad de esta institución con esta situación, así como por "la falta de fundamento de las diferencias existentes entre los diversos dispositivos policiales de acogida y detención en las costas andaluzas".
DIFERENTES CRITERIOS SEGÚN NACIONALIDAD
Por otro lado, el Defensor recalca otro hecho que se produce en varias de estas instalaciones, que es la aplicación "como norma" de que si las personas rescatadas son de alguna nacionalidad subsahariana o asiática, en el transcurso de 72 horas son puestas a disposición de alguna de las ONG con las que tiene convenio el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En cambio, si se trata de nacionales argelinos o marroquíes, se solicita su ingreso en un CIE.
"Como se puede ver, son dos situaciones que varían mucho entre ellas y puede ser considerado como diferencia de trato que, en función de la nacionalidad del ciudadano extranjero, sea tratado de una forma u otra", denuncia la institución.
Por ello, ha solicitado a la Dirección General de la Policía que informe sobre este criterio, ya que la Circular 6/2014, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, sobre los criterios para solicitar el ingreso de ciudadanos extranjeros en los CIE, señala que las solicitudes de internamiento deben reflejar la situación real personal, social y familiar del ciudadano extranjero, sin que se establezca como criterio la nacionalidad.
