MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el 21 de marzo. Se trata de un "pronunciamiento rotundo" del Ejecutivo contra "este tipo de discriminación ancestral" y que "tristemente" existe en la actualidad.
Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "La lucha contra la discriminación racial y étnica es una de las prioridades del Gobierno de España, tanto en su política interior, como exterior", sostiene la declaración institucional.
"Conscientes de que queda aún camino por recorrer hasta la consecución de la igualdad real y efectiva, el Gobierno quiere mostrar su firme compromiso con la ejecución de las políticas destinadas a la eliminación de este tipo de discriminación y condenar todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión el valor positivo de la diversidad", destaca el texto.
La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución declaró el día 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en recuerdo de las víctimas de la matanza de Shaperville (Sudáfrica 1960) y con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad de que los principios de igualdad y no discriminación forman parte de los derechos humanos fundamentales.
Así, invita a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a sumarse a esta tarea de concienciación y sensibilización.
"En España, la entrada en vigor de la Constitución de 1978 consagra, a través de su artículo 14, el derecho de todas las personas a no ser discriminadas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", destaca el Gobierno en la declaración institucional.
Asimismo, agrega que este derecho encuentra su complemento en el mandato a los poderes públicos, establecido en su artículo 9.2, de "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
"La necesidad de impulsar esta igualdad real y efectiva se ha visto reforzada por el reconocimiento del valor de la dignidad humana, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación como fundamento de la Unión Europea, que establece entre sus objetivos la lucha contra toda discriminación por razón, entre otras, del origen racial o étnico", subraya.
El Gobierno destaca que España es "una sociedad crecientemente diversa" donde "las diferencias por el origen racial o étnico, nacional o cultural, no han generado grandes conflictos sociales, antes bien, han sido fuente de enriquecimiento mutuo y se han mostrado como un importante activo social".
No obstante, manifiesta que, pese a que en las últimas décadas se han producido "importantes avances jurídicos y sociales" en materia de integración, no discriminación y respeto a la diversidad, "aún hoy, el racismo, la xenofobia, y otras formas de intolerancia, como el antigitanismo, el antisemistismo y la afrofobia, siguen presentes" adoptando "múltiples formas, que van desde las más solapadas y sutiles hasta las más graves, como los delitos de odio".
