MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Raíces ha pedido que sean los órganos judiciales en lugar del Ministerio Fiscal quienes tengan la competencia para la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España indocumentados. Para ello, proponen reformar la Ley de Infancia y la Ley de Extranjería y anular el protocolo de menores extranjeros no acompañados.
"Que la competencia en materia de determinación de la edad deje de estar en manos de la Fiscalía y pase a estar en manos del orden judicial", ha subrayado la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, este jueves 17 de mayo en rueda de prensa en Madrid. Esta transferencia de competencias, según ha añadido la abogada de la Fundación, Elena Rodilla, "garantizaría la asistencia letrada y el acceso a recursos".
Esta propuesta ya la han realizado ante la Comisión de Infancia del Senado, la semana pasada, así como al Fiscal General del Estado y a la secretaria de Estado de Justicia.
En cualquier caso, reclaman que si un menor porta cualquier documentación acreditativa de su edad o su identidad expedida por las autoridades de su país, "nunca sea considerado indocumentado" y, por tanto, no se inicie un procedimiento de determinación de la edad. En el caso de que deba iniciarse, instan a que cumpla "con las debidas garantías incluyendo el derecho a ser escuchado y la asistencia letrada".
Asimismo, reclaman que las pruebas médicas sean respetuosas y que se prohíban los desnudos integrales para la exploración de genitales o la repetición de exámenes radiológicos.
QUE PUEDAN SER RECURRIBLES DIRECTAMENTE
Hasta que las competencias puedan ser transferidas a los jueces, la Fundación Raíces insta a que la actuación del Fiscal sea sometida a un control externo o supervisión como la grabación de comparecencias o la obligación de dar traslado de una copia del expediente de determinación de la edad al menor y a su abogado, así como de sus comparecencias.
Igualmente, plantean que los decretos de edad puedan ser recurribles directamente ante los organismos judiciales y que se establezca un plazo máximo de tres días para la adopción de medidas cautelares solicitadas en los procedimientos.
Desde el año 2006, la Fundación Raíces ha atendido a más de 700 menores extranjeros no acompañados que habían quedado en un "limbo jurídico y social" al ser "convertidos en mayores de edad". Además, han presentado nueve comunicaciones individuales ante el Comité de Derechos del Niño, de las cuales el Comité acordó la adopción de medidas cautelares en ocho de ellos.
Si bien, la Fundación denuncia que España no ha adoptado tales medidas en ninguno de los casos por considerar que no son vinculantes jurídicamente. Además, señala que como consecuencia "directa" de la no adopción de medidas cautelares por parte del Estado, "algunos de estos niños desaparecieron".
RECURSO DE AMPARO ANTE EL CONSTITUCIONAL
Además, Elena Rodilla ha contado el caso de Saida, una niña de 16 años procedente de Camerún, víctima de agresiones e intento de matrimonio forzoso en su país que, a su llegada a España, en Barajas, fue identificada por la policía como menor en situación desamparo y solicitante de asilo y derivada al sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid.
Dos meses después, fue transferida desde el centro de primera acogida de menores donde se encontraba, a la Fiscalía de Menores donde fue sometida a un desnudo integral ante el médico forense para la determinación de la edad. Una radiografía de la muñeca dio como resultado que la joven tenía 17 años. Sin embargo, en el decreto de la Fiscalía figuraba '18 años', por lo que fue expulsada a la calle.
Desde noviembre han intentado defender su minoría de edad mediante distintas estrategias jurídicas pero siete meses después aún no han conseguido una decisión judicial que pueda revertir los efectos del decreto ni han obtenido respuesta a la solicitud de la fundación de que se establezcan medidas cautelares que obliguen a dar protección a la joven mientras se sustancia el procedimiento judicial. Por ello, la Fundación Raíces presentó el pasado 9 de mayo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional "denunciando esta vulneración de derechos".
"LA FISCAL DICE QUE SOY MAYOR DE EDAD, PERO TENGO 17"
Otro de los menores a los que ayudan en la Fundación es Ibrahím, un niño que huyó de Guinea con 15 años porque sufría maltrato en su casa. Al llegar a Málaga tras cruzar el estrecho en patera, le hicieron una radiografía de muñeca cuyo resultado indicó que tenía 19 años por lo que fue internado en el CIE de Aluche. Estando allí, presentó un escrito al juez de control alegando su minoría de edad adjuntando una copia de su acta de nacimiento. Entonces, le realizaron otra prueba, una radiografía de mandíbula, que dio lugar a "un informe nada claro" con el que se archivó el caso.
Una vez salió del CIE fue trasladado a un hostal de adultos donde vivió en "muy malas condiciones", hasta que pudo tramitar en su embajada su documentación identificativa (tarjeta consular, certificado de inscripción consular y certificado de que la Embajada no emite pasaportes) gracias a la cual ingresó en un centro de menores. No obstante, tras permanecer allí dos meses, fue citado en la Fiscalía, donde no le permitieron tener asistencia letrada, y fue declarado mayor de edad "por no dar validez a la documentación emitida por la Embajada de Guinea".
"Yo tengo ahora 17 años pero la fiscal dice que tengo 18. No le interesan nuestros problemas. Me echaron del centro de menores a la calle porque la fiscal dice que soy mayor de edad", expone Ibrahim, que cuenta cómo por la mañana se levanta para acudir a clases de castellano y por la tarde asiste a un curso de electricidad. Si bien, al ser considerado mayor de edad y no tener pasaporte, no puede acceder a un curso oficial ni obtener ningún certificado. "Me gustaría sacarme un título para trabajar", subraya, al tiempo que insiste en que si hubiera sido identificado como menor no estaría "pasando por todo esto".
