La ONG pide al Gobierno que anule "inmediatamente" el proceso y lo empiece de nuevo con "amplio consenso social y territorial"
MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha comunicado mediante una Providencia a la organización ecologista Greenpeace que "no existen" los documentos que ésta solicitó en un recurso contencioso administrativo a este tribunal. Se trata de los informes técnicos y de seguridad del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y de su centro de experimentación asociado.
Mediante esta providencia la Audiencia Nacional desestima la solicitud planteada por Greenpeace para requerir al alto tribunal el Proyecto Técnico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares; Estudio de Seguridad del ATC; Proyecto Técnico del Centro Tecnológico Asociado al ATC para experimentación con residuos radiactivos y radiactividad; Estudio de Seguridad del Centro Tecnológico y los Informes sobre la protección física del emplazamiento del complejo.
En el escrito, señala que "no ha lugar a lo solicitado, toda vez que, como se indica en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio", con fecha de 27 de julio de 2010, "no existen dichos documentos".
Greenpeace considera que la inexistencia de tales informes confirma la vulneración del Convenio Aarhus por parte del ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por lo que se "demuestra la nulidad de pleno derecho de todo el proceso".
Además, señala que en el oficio remitido a la Audiencia Nacional por el Ministerio, éste dice disponer sólo de un "estudio de seguridad del diseño genérico del ATC, en inglés, elaborado por la ingeniería francesa SGN".
Asimismo, la organización añade que la ausencia de esta documentación es una "clara muestra" de que el departamento que dirige Miguel Sebastián inició el proceso "sabiendo que no disponía de la documentación técnica y de seguridad básica para comenzar el procedimiento".
"INACEPTABLE E ILEGAL"
En ese sentido, califica de "inaceptable que el Ministerio haya afirmado en numerosas ocasiones que poseía esos documentos" para "finalmente" admitir su "inexistencia" una vez llevada la cuestión a los tribunales.
Igualmente asegura que de este modo se "demuestra la ausencia de credibilidad de los alcaldes" que han promovido su localidad como municipio candidato, porque a juicio de la organización han solicitado el ATC sin conocer de manera detallada en qué consistía el proyecto ni los riesgos que podría conllevar para la salud y el medio ambiente.
Para el responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, "hoy queda claro que el Ministerio de Industria y ENRESA se han saltado la ley de forma lamentable para tratar de sacar adelante el ATC a toda prisa", por lo que ha apostillado que el proceso es "nulo de pleno derecho".
Por este motivo pide al Gobierno que anule "inmediatamente" este proceso para comenzar otro en el que se busque "realmente un amplio consenso social y territorial, contando con las organizaciones medioambientales".
Greenpeace fundamenta esta rogativa en que, a su juicio, la inexistencia de tales informes que tilda de "fundamentales para conocer y entender el proyecto" demuestra claramente que el proceso del ATC es "ilegal" porque vulnera los principios jurídicos contenidos en el Convenio sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio Aarhus), de 1998, ratificado por España en diciembre de 2004 y en vigor desde marzo de 2005.
