Ecologistas critican que no mejora las opciones de prohibición sino que "abre" el cultivo europeo a los OGM
BRUSELAS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea presentó hoy un paquete de medidas para que los gobiernos nacionales tengan más libertad a la hora de restringir o vetar el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM), pese a que su siembra esté autorizada en toda la Unión Europea. Además propone modificar las normas para que en el futuro puedan argumentar razones éticas o sociales para esta prohibición, y no sólo agrónomas o científicas como hasta ahora.
La propuesta debe recibir el visto bueno del Consejo y de la Eurocámara, pero cuenta con el rechazo de países como Francia, que pide más estudios científicos sobre su impacto, o España, principal productor de transgénicos en la UE y que teme la "renacionalización" de las políticas europeas y reclama normas comunes a todos.
El comisario de Salud y Protección del Consumidor, John Dalli, explicó en rueda de prensa que Bruselas introduce ahora una modificación respecto a la coexistencia de cultivos transgénicos y otros tradicionales o ecológicos que ofrece una "solución inmediata" a los países que rechazan la siembre de transgénicos.
Dalli quiso tranquilizar a los ecologistas y otros sectores críticos con las medidas anunciadas al insistir en que el sistema de para la autorización de nuevos productos transgénicos "no va a cambiar" y que los datos científicos "seguirán siendo la base" de cualquier decisión.
Las medidas de coexistencia pretenden evitar la contaminación por parte de OGM de cultivos ecológicos y tradicionales, y proteger estos productos del daño económico en sus ventas si se detectara la presencia de transgénicos.
Pero el cambio introducido por el Ejecutivo comunitario permitirá a partir de ahora que los Estados miembros puedan prohibir en "grandes áreas de su territorio" el cultivo de transgénicos si las acciones de coexistencia resultan insuficientes para frenar la contaminación.
Fuentes comunitarias explicaron que Bruselas propone modificar la directiva sobre OGM para dar "más flexibilidad" y un marco jurídico a los gobiernos que quieren vetar los cultivos. Y también "ampliar" más allá de cuestiones agrícolas y científicas el abanico de posibilidades por las que vetar un cultivo e incluir otras como razones éticas o sociales.
Las medidas defendidas por Bruselas se refieren a la decisión de los Estados miembros frente al cultivo de transgénicos, pero en ningún caso trata el comercio e importación de estos cultivos a nivel comunitario, cuya aprobación sigue en manos del Ejecutivo comunitario si los 27 no logran suman una mayoría cualificada ni a favor ni en contra.
El objetivo de Dalli es ofrecer un mayor margen de maniobra a países como Austria, Hungría o Luxemburgo, que se oponen de plano al cultivo de transgénicos porque quieren proteger y potenciar la agricultura ecológica y tradicional. Otros países como Países Bajos son defensores del cultivo de OGM.
LAGUNAS NORMATIVAS.
Además, la situación del cultivo de transgénicos en la UE "no está clara" y es necesario un "marco" normativo que cubra estas lagunas, explicaron fuentes diplomáticas. La cuestión de prohibir en determinados países la siembra de cultivos transgénicos plantea problemas por tratarse de un espacio común con un mercado común.
Pero el planteamiento de Bruselas gustaría tanto a las corrientes representadas por países como Países Bajos o Austria que, pese a tener posiciones enfrentadas, verían una respuesta que ampara a las dos posiciones.
Sin embargo, dar a cada Estado miembro la libertad de autorizar o no un cultivo transgénico es una idea que no convence a países como Francia y España por distintos motivos.
Para el primero, es necesario reforzar el análisis científico sobre el impacto de estos productos, mientras que para España hace falta un enfoque "europeo" que permita normas comunes para la coexistencia de productos transgénicos, tradicionales y ecológicos.
"El irnos a autorizaciones que puedan hacer cada uno de los países nos podría llevar al inicio de una renacionalización, cosa que nunca compartimos desde España", afirmó la ministra española de Medio Ambiente, Elena Espinosa, a su llegada a la última reunión de ministros europeos del ramo presidida por España.
El 80% del espacio dedicado al cultivo de transgénicos en toda la Unión Europea está en España, que dedica cerca de unas 90.000 hectáreas de sus campos a sembrar el maíz transgénico MON 810. Sólo cinco países (República Checa, Rumanía, Portugal y Eslovaquia, además de España) autorizan este cultivo, según datos de 2009.
CRÍTICAS DE ECOLOGISTAS.
Los ecologistas criticaron el paquete de medidas propuesto por la Comisión al considerar que suaviza las normas y que no cubre las preocupaciones medioambientales y sanitarias que plantean este tipo de cultivos.
En una declaración conjunta, las organizaciones Greenpeace y Amigos de la Tierra lamentaron que la Comisión no refuerce el proceso de autorización de los OGM, tal y como dicen que pidieron los 27 en 2008, sino que lo facilite.
La asesora jurídica de Greenpeace Stefanie Hundsdorfer reprochó al Ejecutivo comunitario haber intentando en el pasado obstaculizar las decisiones de media docena de países miembros que actualmente prohíben el cultivo de transgénicos en su territorio.
"Ahora parece que el presidente (de la Comisión, Jose Manuel Durao) Barroso, admite su derrota y ofrece a los países vetos nacionales si cierran los ojos ante las preocupaciones de salud y seguridad de nuevos cultivos en el proceso de autorización de la UE", aseguró Hundsdorfer.
La portavoz de Greenpeace insistió en que "la contaminación de transgénicos no se para en las fronteras nacionales" y acusó a Barroso de "pensar que los Estados miembros prohíben los OGN por razones políticas y que los argumentos científicos son una mera postura".
Por su parte, la responsable de la campaña de alimentos de Amigos de la Tierra, Mute Schimpf, aseguró que lo que parece una oferta para "mejorar los vetos nacionales es en realidad una propuesta para abrir los campos europeos a los cultivos transgénicos".
Bruselas sigue "fracasando" en la protección de los alimentos y piensos europeos de la contaminación de los OGM, en opinión de Schimpf, que instó a los 27 a rechazar esta iniciativa y a recuperar una moratoria mientras se realizan nuevas evaluaciones de impacto.
