Este documento forma parte de los estudios encargados por la empresa e Industria para decidir si se retomará la inyección de gas
MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Ilustre Colegio de Geológos (ICOG), Luis Suárez, ha calificado de "excelente" el informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre el origen de la sismicidad en la zona del almacén de gas de Castor y espera que aporte luz en la "difícil decisión" que el Gobierno tiene en su mesa, la de retomar o paralizar definitivamente la inyección de gas en este almacén submarino.
Así, en declaraciones a Europa Press, el presidente de los geólogos ha señalado que este informe forma parte de otros estudios solicitados tanto por el Ejecutivo como por la empresa ESCAL-UGS a distintos organismos profesionales, institutos de investigación y universidades. En concreto, la empresa ha encargado distintos análisis al ICOG, al Colegio de Ingenieros de Minas y al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, mientras que el Gobierno, además de al IGME y al IGN --informes ya difundidos--, habría pedido estudios a Instituto Tecnológico de Maasachussets (MIT, por sus siglas en inglés) y a la Universidad de Standford.
Respecto al del IGME, Suárez ha explicado que se realizó en dos meses y medio y que el documento establece ocho recomendaciones, de las que seis se basan en el supuesto de que el Gobierno decida reanudar las operaciones en Castor y que serían, a su juicio "muy interesantes de llevar a cabo" en ese caso.
Así, subraya que el documento del IGME no se pronuncia sobre la conveniencia o no de reanudar la inyección pero aporta "luz" sobre el origen geológico de los seísmos.
En las recomendaciones, según ha añadido, varias se relacionan con el establecimiento de protocolos de actuación, con la necesidad de realizar un estudio de peligrosidad sísmica y un análisis de esfuerzos de la dinámica de fallas y la posible inyección de gas en diferentes escenarios. Además, se refiere a la necesidad de evaluar los márgenes de seguridad de las presiones máximas de inyección y recomienda instalar inclinómetros en el fondo del mar para medir los deslizamientos en el terreno, producto de esfuerzos.
Por ello, Suárez cree que el documento es "muy positivo" y ha defendido la necesidad de potenciar el IGME a la hora de cubrir las necesidades de conocimiento geológico por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas.
"Debería ejercer como servicio geológico del Estado y el IGME debería impulsar la investigación de los recursos naturales como la geotermia, el almacenamiento de gas, el estudio de hidrocarburos no convencionales, las nuevas formas de recursos naturales y energéticos", ha opinado.
En el contexto de Castor, ha recordado que es al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, al que compete suspender el suministro, indemnizando a la empresa, aunque esto supondría un "precedente complejo en un momento en el que la energía es fundamental", o bien reanudando la operación con medidas adicionales de seguridad para evitar la alarma social.
En caso de acordar la suspensión Castor, ha dicho que también habrá repercusiones "muy importantes" sobre la economía y sobre el futuro de la extracción de recursos.
De hecho, ha manifestado que en el panorama internacional la energía es un arma de lucha política y que, en su opinión, los Estados deberían cuestionarse que en esta materia no deben tomarse decisiones que pueden ser complejas para un país. En todo caso, cree que el Gobierno valorará todas las variables. Por eso ha insistido en que habrá "al menos siete informes sobre la mesa" porque se trata de una decisión "muy difícil e importante".
EVALUAR LOS RIESGOS
Respecto a los terremotos sentidos por la población los pasados meses de septiembre y octubre, ha recordado que ninguno de ellos ha producido daño alguno más allá del miedo y la alarma social pese a que fueron mayores de lo esperado, al tiempo que ha apuntado que "todas" las actividades humanas que introduzca energía en el terreno, como el llenado de un pantano, la geotermia o el fracking, producen microsismicidad que en la mayoría de los casos la población no siente y que son asumibles por la ciencia y la técnica.
Por otro lado, ha pedido confiar en la administración y en la justicia en España porque la legislación y la vigilancia ambiental en España y en Europa son "de las más serias y exigentes del mundo". "No hay que tomar posturas maximalistas: ni hacer explotaciones sin estudios pertinentes, ni tampoco dejar de posibilitar la explotación de recursos que necesita el ser humano", ha reflexionado.
De hecho, ha destacado que la Ley de Evaluación Ambiental aprobada en diciembre de 2013, incluye la necesidad de que cuando se hagan estudios para proyectos de fracking se debe incluir un estudio de riesgo sísmico. "Es posible explotar los recursos y proteger al medio ambiente. A veces se toman posturas de decisiones preventivas o medioambientales exageradas, y eso supone no tener energía. Hay que cambiar el modelo energético, pero en el plazo de 30 años, no en un plazo de hoy para mañana", ha manifestado.
De este modo, ha reiterado que hay que evaluaciones de impacto ambiental que pueden ser recurridas por ciudadanos, ONG o poderes públicos si no se está de acuerdo y que es necesario confiar en el sistema de evaluaciones ambientales.
Sobre el informe que está elaborando el Colegio de Geólogos, ha indicado que está "muy adelantado" y que confía en que pueda estar listo en la primera quincena de junio. Este informe se entregará a ESCAL-UGS. "Hacer estudios en el mar es difícil. Espero que entre todos podamos aportar toda la información posible para ayudar al Gobierno a tomar una decisión solvente", ha concluido.
