MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La reforma de la Ley de Montes en la que trabaja el Gobierno no modificará el estatus jurídico-administrativo de los montes de titularidad pública en general, ni tampoco el de los incluidos en el Catálogo de los de Utilidad Pública, en particular.
Así se desprende de una respuesta parlamentaria dirigida al portavoz del PSOE en el Congreso en materia de Medio Ambiente, José Luis Ábalos, a la que ha tenido acceso Europa Press, a pesar de los numerosos afectados por la vigente normativa de 2003 de la Ley de Montes a quienes han retenido los títulos de la concentración parcelaria porque los terrenos podrían estar dentro del monte de utilidad pública.
Según explica el Ministerio, el Gobierno está estudiando modificar la Ley de Montes de 2003 para, entre otros objetivos, simplificarla y hacerla "más aplicable".
Igualmente, dice que se está planteando, entre otros aspectos, la modificación de la tipificación de los diferentes regímenes y afecciones de la propiedad forestal, la gestión sostenible de los recursos productivos, o el fomento y control de las actividades recreativas.
Es más, el Ejecutivo está valorando cómo reflejar la lucha contra la erosión de suelos y contra los incendios, la evaluación y compensación de externalidades y la inclusión del sector forestal en el desarrollo rural, "del que forma parte inseparable".
