Los letrados del organismo ven sus informes periciales "exhaustivamente documentados" y "técnicamente fundamentados"
LA CORUÑA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac) reclamará a España que "reembolse" los 115 millones en concepto de daños por la marea negra del 'Prestige' si es declarado responsable civil por la catástrofe medioambiental.
Así lo han manifestado los letrados Mikel Garteiz y Julia García, que representan al Fidac, y que este miércoles han expuesto sus conclusiones finales. Han defendido que exigirán la devolución proporcional en función del grado de responsabilidad ya que, según han justificado, si el estado Español es condenado por la catástrofe ocurrida en noviembre de 2002, el fondo podrá ser exonerado total o parcialmente de la indemnización.
En concreto, el Fidac ha abonado 115 millones a España, una cantidad que el Estado español tendría que "reembolsar" porque según ha explicado el letrado, la reclamación se basa en el convenio de este organismo de 1992 que contempla el "derecho de reembolso".
Este mismo letrado ha defendido los informes periciales encargados por el Fidac al afirmar que están "exhaustivamente documentados" y "técnicamente fundamentados", ha dicho.
"Si se cuenta con asesoramiento técnico pero las decisiones de toman con criterios políticos y mediáticos no sirve para nada", ha afirmado Julia García, letrada del Fidac, organismo que sólo reconoce 300 millones de los 970 que reclama el Estado español.
"PRECIOS INFLADOS"
Asimismo, ha criticado el informe pericial de la profesora de Análisis Económico de la Universidad de Santiago (USC), María Loureiro, encargado por la Fiscalía y en el que se basa para reclamar los 4.442 millones.
Al respecto, la letrada ha asegurado que este informe refleja "precios inflados" y ha calificado como "disparate" el método en el cálculo de evaluación de las pérdidas en el sector pesquero y añade que carece "del más mínimo rigor".
"No tiene nada de científico", ha sentenciado la letrada, que ha destacado las reclamaciones por las pérdidas en el sector pesquero. Así, ha defendido que el Fidac reconoce 45 millones de los 216 que reclama el Estado español por el paro en este sector.
COFRADÍAS
En la sesión de este miércoles, también ha expuesto sus conclusiones finales el abogado de la cofradía de pescadores de Lastres, A Pobra do Caramiñal, entre otras, Alberto Muñoz, que ha señalado que la toma de remolque fue "anómala" pero "consentida" por la administración española.
"Todos sabíamos lo que estaba pasando", ha afirmado el letrado, que ha criticado que durante el juicio las autoridades españolas no aclarasen los hechos que acabaron con el hundimiento del buque en noviembre de 2002.
