MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha dictado un total de 358 resoluciones motivadas en 2008 y 2009 para diversos proyectos que, tras su análisis, concluían que "no producirían impactos adversos significativos sobre el medio ambiente", por lo que se este departamento decidió no someterlos a procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Así consta en la respuesta parlamentaria a la pregunta formulada por escrito al Congreso por la diputada del PP María Teresa de Lara sobre esta materia.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la secretaría de Estado de Cambio Climático dictó 134 resoluciones en este sentido en 2008 y un total de 224 en 2009. Todas estas resoluciones, además de ser notificadas al promotor y al órgano sustantivo, fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado y puestas a disposición pública a través de la página 'web' del MARM.
Para el coordinador de proyectos de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, estas resoluciones constituyen "un fraude de ley" que se está produciendo "cada vez de forma más frecuente" cuando existen "intereses políticos o económicos", porque el estudio de evaluación ambiental es "el único mecanismo regulado para analizar cuál es el impacto, determinar medidas correctoras o condicionar determinadas actuaciones".
"Cada vez es más frecuente que, utilizando una u otra vía, se excluye, con la excusa del interés general o porque participan varias administraciones, a un proyecto de su estudio de impacto", ha asegurado.
Además, lamenta esta "política" que supone aprobar un proyecto sin saber si va a tener impacto o no lo va a tener, ya que eso, en su opinión, es "totalmente imposible de afirmar 'a priori' sin la realización del pertinente estudio".
"Lo lamentable es que ya todo procedimiento de impacto se demuestra cada vez menos eficaz, porque se comprueban bastantes casos con resultados muy negativos a los que se acaba dando una evaluación positiva. Realmente es un fraude de ley", ha sentenciado.
Entre los casos más comunes ha destacado los proyectos a los que se considera 'de interés general', como infraestructuras de transporte o con otras infraestructuras autonómicas. En este sentido, acusa a la Junta de Castilla y León de haberse "inventado procedimientos" para evitar elaborar algunos estudios; a la Comunidad de Madrid, por la carretera M-501, cuyo estudio de impacto ambiental fue "negativo" pero que "aún así se ha construido", o el caso de la prevista construcción de la refinería en Extremadura y Andalucía que, a su juicio, responde a "criterios políticos".
