MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Andrea Peiró, la abogada del vecino de Cartagena (Murcia) que interpuso una demanda contra 22 empresas de Estados Unidos relacionadas con la fabricación y exportación de amianto, auguró que en la declaración que prestará hoy su cliente ante un juez norteamericano "se van a depurar responsabilidades" porque en aquel país se tiene "muy en cuenta" el testimonio de los afectados.
En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, Peiró explicó que la declaración que comienza hoy en un hotel de Cartagena "va a durar varios días", pero se mostró optimista porque en Estados Unidos "tiene muchísima validez la declaración de las personas, de los afectados". "A partir de hoy le van a hacer muchísimas preguntas y se van a depurar responsabilidades", añadió.
Peiró indicó que con este caso el despacho de abogados Oria, Peña, Pajares y Asociados busca que "a los españoles también se nos tenga en cuenta en Estados Unidos porque siempre que un afectado ha estado expuesto a un producto que venga de allí tiene una vía para poder reclamar".
Según el bufete, el denunciante estuvo en contacto "continuo con amianto desde 1970 hasta 1999", por lo que responsabiliza a las empresas norteamericanas relacionadas con la fabricación y exportación de este producto del cáncer de pleura que padece.
La abogada señaló que el afectado, que "no se encuentra muy bien", demanda "la responsabilidad de aquellos que trajeron el amianto, en este caso los barcos en los que estuvo trabajando", de modo que su denuncia se dirige contra los fabricantes del amianto en aquella época.
En relación con la exposición a este producto, Peiró indicó que hay otros españoles que han demandado en Estados Unidos, país en el que es algo tan común que incluso hay "formularios sobre cómo solicitar una indemnización por amianto", pero afirmó que ninguno de ellos ha llegado tan lejos como su cliente.
Sobre la indemnización económica, la abogada explicó que la justicia norteamericana no funciona igual que la española y que allí es el jurado el que fija la cantidad, que en este caso se trata de millones de dólares. Una de las empresas denunciadas ya ha acordado con el afectado una compensación de 35.000 dólares.
