MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que hasta 20.000 personas podrían ser desalojadas a la fuerza en un asentamiento informal de las afueras de Harare, en Zimbabue, por "no pagar el precio prohibitivamente alto fijado por las autoridades para la renovación de los contratos de arrendamiento".
La mayoría de los habitantes del asentamiento de Hatcliffe Extension recibieron parcelas para construir un nuevo hogar después de ser expulsadas por las autoridades de los lugares donde vivían, en el marco del programa de desalojos forzosos llevado a cabo en el país en 2005. Alrededor de 700.000 personas perdieron su hogar, sus medios de vida o ambas cosas como consecuencia de la Operación Murambatsvina.
"Los habitantes de Hatcliffe Extension figuran entre los miembros más pobres y marginados de la sociedad zimbabuense, y muchas familias no tienen medios para pagar la renovación del contrato de arrendamiento, especialmente si tienen que hacerlo en un solo pago", ha señalado la directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para África, Michelle Kagari.
"En vez de amenazar a personas vulnerables con su desalojo, el Gobierno debe brindarles protección frente a la espiral de inseguridad y nuevos abusos, garantizándoles la seguridad de tenencia y un plan asequible de pago de los arrendamientos", advirtió.
HATCLIFFE EXTENSION
Hatcliffe Extension es uno de los diversos asentamientos establecidos en el marco de la Operación Garikai, programa emprendido por el Gobierno para reasentar a quienes perdieron su hogar en la Operación Murambatsvina.
En realidad, según AI, sólo se reasentó a un pequeño número de personas. La mayoría tuvieron que recurrir al superpoblado 'stock' de viviendas ya existente, mientras que otras fueron realojadas por la fuerza en zonas rurales por el Gobierno. "La Operación Garikai no ha servido en absoluto para reparar las graves violaciones del derecho a una vivienda adecuada perpetradas en la Operación Murambatsvina", denunció Michelle Kagari.
Cinco años después de los desalojos forzosos masivos, según Amnistía, la población de los asentamientos de la Operación Garikai sobrevive, en condiciones deplorables, en casuchas de plástico y sin acceso a servicios básicos esenciales.
"El Gobierno ha dejado totalmente abandonados a los habitantes de Hatcliffe. Así que resulta aún más vergonzoso que, en vez de tomar medidas para mejorar su situación actual, los amenace con planes que agravarán sin duda su sufrimiento y sus penurias", ha manifestado Michelle Kagari.
En junio, las autoridades colocaron en Hatcliffe Extension carteles donde se anunciaba que todos los arrendatarios tenían que pagar la renovación del contrato antes del 30 de septiembre. Si no lo hacían, perderían sus parcelas, que les serían asignadas a otras personas en espera de vivienda. No hubo ninguna consulta con los habitantes sobre el proceso de renovación y los precios fijados por las autoridades.
Muchas de las 3.000 familias del asentamiento no tienen medios para pagar las cantidades, de hasta 140 dólares estadounidenses, fijadas por las autoridades, advirtió AI. "Además de destruir hogares, la Operación Murambatsvina acabó también con el sector del trabajo informal, privando a millares de personas de ingresos constantes", prosiguió. La tasa de desempleo de Zimbabue es de alrededor del 90 por ciento.
Desde junio, los habitantes del asentamiento han hecho varios intentos de entablar un diálogo con las autoridades competentes, pero ha sido en vano.
El problema del precio excesivo del arrendamiento no es exclusivo de Hatcliffe Extension. La amenaza de desalojo pesa también sobre los habitantes de otros asentamientos informales establecidos con arreglo a la Operación Garikai. Este mismo mes, la Policía ha quemado chozas en un asentamiento informal del suburbio de Borrowdale de Harare, dejando sin hogar a más de 200 supervivientes de la Operación Murambatsvina.
