MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la querella criminal contra seis miembros de la Junta Militar de Myanmar (antigua Birmania) por los crímenes contra la humanidad y de guerra que se produjeron en el país entre 1998 y 2008, al constatar que "en los luctuosos hechos acaecidos no aparece una sola víctima de nacionalidad española".
Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que desestima el recurso de apelación presentado por la asociación Gandhi Ji Cultural-Birmania por la Paz, que presentó una querella criminal en la Audiencia Nacional en septiembre de 2009, y confirma la resolución del juez Fernando Grande-Marlaska por la que se archivaba el procedimiento.
El tribunal aplica, de esta forma, la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en junio pasado por el Congreso de los Diputados, que establece como requisitos para que la Audiencia Nacional pueda ejercer el principio de protección universal que no haya otras investigaciones abiertas por los mismos hechos, que las víctimas sean españolas, que los presuntos responsables se encuentren en territorio nacional o que los hechos tengan alguna "conexión relevante" con España.
En este caso, los magistrados Ángela Murillo (presidente y ponente del auto), Carmen Paloma González y Juan Francisco Martel consideran "obvio" que "ninguno de los querellados se encuentra en nuestro país", que "ninguna víctima poseía la nacionalidad española" y que "los presuntos delitos perpetrados, gravísimos sin duda, según se desprende del escrito de querella, carecen de conexión con España".
OTRAS INVESTIGACIONES
Además, la resolución destaca que en mayo de 2008 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trasladó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la documentación sobre el bloqueo de ayuda internacional a los damnificados del ciclón Nargis, que provocó miles de muertos en Myanmar. De igual forma, el auto recuerda que la justicia de Japón está investigando "profusamente" las causas del fallecimiento del reportero gráfico Kenji Nagal, que se produjo el 14 de septiembre de 2007, para tratar de esclarecer si se trató de un asesinato.
La asociación Birmania por la Paz se querelló contra la Junta Militar del país por crímenes contra la humanidad y de guerra, torturas y actos de terrorismo. En concreto, la acción penal estaba dirigida contra seis altos responsables de la Junta Militar Birmana por hechos que iban "desde la represión militar de 1988 hasta la masacre de Depayin de 2003, además de los crímenes de la Revolución Azafrán que se produjeron en 2007 o el bloqueo de ayuda a los damnificados del ciclón Nargis de 2008".
Los querellados eran Maung Aye, comandante en jefe del Ejército Birmano y segunda autoridad militar del país; Maung Oo, comandante general y ministro del Interior; Hla Htay Win, comandante general y responsable del comando militar de Rangún durante las masacres de 1988
y 2007; Hla Min, brigadier general y responsable de la XI División de Infantería Ligera del comando militar de Rangún durante la masacre de 2007; Khin Ye, director general de la Policía; y Myint Swe, comandante general y responsable desde el 2004 del Directorio de los Servicios Nacionales de Inteligencia.
Los hechos denunciados referían "la sistemática comisión de torturas, violencia sexual contra las mujeres, desplazamientos y trabajos forzados de la población civil de las distintas etnias de Birmania y reclutamiento forzoso de niños soldados".
