El acusado, que ha sido advertido por la jueza para que no usase la cabeza de forma "desafiante" hacia Ramona, ha decidido no declarar
MURCIA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La acusada de asesinar en 2007 a un sacerdote en Murcia, que responde al nombre de Ramona, ha decidido cambiar la declaración que ha mantenido estos últimos tres años y medio ante el Juzgado de Instrucción, en la que admitía su autoría en el crimen tras mantener una discusión con la víctima, y ha responsabilizado a su ex pareja, Marius, de los martillazos asestados al cura, mientras que ella presenciaba los hechos.
Ramona ha hecho estas declaraciones en la primera sesión de la vista oral que ha comenzado este miércoles, en la sección tercera de la Audiencia Provincial, en la que un jurado popular la juzgará, junto a su ex pareja sentimental, acusados de asesinar a un sacerdote a martillazos en su vivienda de Murcia y de robarle posteriormente la cartera con la documentación personal y el dinero en efectivo que portaba, cuyo importe se desconoce, así como su teléfono móvil y efectos de las diversas dependencias de la vivienda.
En concreto, la acusada ha defendido que, desde el principio del proceso, ha mantenido la versión de los hechos que le había transmitido su ex pareja, y que la sostuvo durante estos años porque "sentía y siente miedo" por las amenazas de Marius, pero confiesa que ha decidido cambiar su declaración porque "no quiere ir a la cárcel ni pagar por algo que no ha hecho".
A instancia del Ministerio Fiscal, Ramona ha reconocido que en la versión que sostuvo ante el Juzgado de Instrucción declaró que acudió a casa del sacerdote a pedir trabajo, pero que la víctima mortal sacó un martillo y precinto con los que le propuso juegos sexuales entre ambos y, tras negarse, se inició un enfrentamiento entre ellos en el que la acusada le arrebató el arma y le golpeó hasta matarlo.
Los dos acusados, Marius N., de 33 años, y Ramona M., de 28 años, ambos de nacionalidad rumana y que en el momento de los hechos eran pareja sentimental, serán juzgados por un delito de asesinato y otro de robo con violencia por los que les acusa el Ministerio Fiscal y la acusación particular, que coinciden en pedir 20 años de prisión por asesinato y cinco años de cárcel por robo para cada uno de ellos, así como 125.000 euros de multa por responsabilidad civil para los herederos del sacerdote.
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