MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
Down España y el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI) han instado al colectivo a denunciar casos de discriminación como el sucedido en un local de Alicante en el que el dueño echó a trece jóvenes con síndrome de Down y han pedido celeridad en las sanciones de estos casos.
Así, el gerente de Down España, Agustín Matía, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que desde la asociación "apoyan plenamente" la denuncia que ha hecho Down Alicante porque "en estos tiempos no tiene ningún sentido contemplar casos de discriminación de este tipo". Además, ha mostrado su repulsa hacia "un caso claro de discriminación" y ha subrayado que la sociedad debe seguir atenta porque en este tipo de casos se debe partir de "tolerancia cero".
Igualmente, ha destacado que posiblemente haya más ejemplos que la gente no llega a denunciar. A pesar de ello, ha asegurado que al año pueden llegar dos o tres casos que normalmente son sancionadas
en el momento en el que hay denuncia. En cualquier caso, ha subrayado que, para las personas con síndrome de Down, situaciones de este tipo "afortunadamente no son mayoritarias" y ha resaltado la "importancia" de estos para que la opinión pública los conozca sobre todo en "términos de rechazo".
Por otro lado, Matía ha recordado que España ha sido uno de los primeros países en ratificar la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad que parte de su respeto a los derechos humanos. También ha apuntado que Down España ha intervenido en una guía de seguimiento de varios de esos derechos trabajada por los propios jóvenes con síndrome de Down.
DISCRIMINADOS, "CON FRECUENCIA"
Por su parte, la delegada del CERMI para la Convención de Naciones Unidas, Ana Sastre, ha señalado que, en general, las personas con discapacidad sufren casos similares al de Alicante "con demasiada frecuencia". Así, ha indicado que desde 2008 editan un informe sobre derechos humanos y discapacidad en los que se recogen datos concretos de discriminación de personas con discapacidad intelectual que han sido excluidos, y en la que aparecen varios ejemplos, uno de ellos sancionado.
"NO SON CIUDADANOS DE SEGUNDA"
Sastre considera que la valoración es una discriminación "clarísima" y corresponde a unos prejuicios en que "los ciudadanos con discapacidad son ciudadanos de segunda y no tienen derecho a entrar en un local a tomarse una cerveza", algo que, según ha resaltado "esta fatal". Por ello, ve necesario que se sancionen este tipo de actuaciones de una forma pública para que no vuelvan a suceder. En ese sentido, ha subrayado que "este caso es uno de los que salen a la luz pero posiblemente haya muchos más que no salgan".
En cuanto a las denuncias, ha explicado que se puede recurrir a los juzgados o se puede solicitar que se sancione administrativamente que, a su juicio, tiene un "problema gravísimo" de inactividad. Concretamente, Sastre ha destacado que desde el CERMI han denunciado mas de seis acciones que incurren en discriminación y no se ha fallado ninguna. Además, ha concluido que no se denuncia lo suficiente.
Asimismo, Sastre ha recordado que "incluso ha habido situaciones en las que la discriminación para participar en actos públicos ha venido por parte de administraciones publicas, en concreto en el ayuntamiento de Torremolinos".
Finalmente, ha expresado la "necesidad" de que haya una concienciación social de todos porque las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que otros ciudadanos o ciudadanas y no se les puede agraviar, perjudicar o maltratar por su discapacidad, sino que hay que facilitar que participen como cualquier otro.
