ZARAGOZA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los obispos de las diócesis aragonesas han publicado una carta pastoral en la que argumentan que la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) "podría tener una salida fácil si se la descarga de su fuerte componente antropológico y ético o si pierde su carácter obligatorio y evaluable".
En el primer caso, precisan en su misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, la Educación para la Ciudadanía podría seguir siendo obligatoria y evaluable, ya que sus contenidos serían sólo los propios de una educación político-jurídica y cívica.
Los obispos citan al respecto la primera Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, según la cual una educación para la ciudadanía "que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable".
Sin embargo, señalan los obispos aragoneses, si la Educación para la Ciudadanía sigue manteniendo su fuerte componente antropológico y ético y, al mismo tiempo, conserva su carácter obligatorio, "entonces plantearía problemas muy difíciles de resolver" dado que los centros católicos o inspirados en la doctrina católica se verían obligados por la Ley a introducir en su programación una asignatura que no resulta coherente con su ideario, "puesto que según el actual currículo no es conforme con la Doctrina Social de la Iglesia, tanto por su carácter de formación estatal obligatoria de las conciencias como por sus contenidos".
Por otro lado, indican, los centros educativos del Estado, perdiendo su obligada neutralidad ideológica, "impondrán a quienes han optado por la Religión y Moral Católica otra formación moral no elegida por ellos, sin que éstos puedan gozar de la protección que el carácter propio otorga a quienes estudian en centros de iniciativa social católica" y recuerdan que "en los centros estatales estudian la mayor parte de los hijos de padres católicos".
En cualquier caso, los obispos aragoneses consideran que todos los alumnos, católicos o no, quedan afectados en sus derechos, "ya que a ninguno se le puede imponer una formación moral no elegida por él o por sus padres: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra".
"ACTITUD RESPONSABLE Y COMPROMETIDA".
Por todo esto, abogan por "una actitud responsable y comprometida", que es la que les ha llevado a ellos a escribir esta carta y estiman que se debe a recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza, "que es lo que está en juego", de forma que "los padres harán uso de unos medios y los centros, de otros".
En esta línea, se refieren a la plataforma de organizaciones en la que están presentes, entre otras, la CONCAPA, la CECE, el Foro de la Familia y Profesionales por la Ética, que han realizado "un gran esfuerzo en lo que concierne a la información sobre la vulneración del derecho de los padres que supone la implantación de la Educación para la Ciudadanía".
"Todas ellas proponen varios caminos democráticos, entre los que se encuentran el recurso de inconstitucionalidad, la objeción de conciencia". No obstante, aclaran, "corresponden a la legítima autonomía de la conciencia rectamente formada de los padres y de las personas de los centros la reflexión sobre las implicaciones de esta nueva materia curricular, así como también el estudio detenido de los horizontes de solución".
ANTROPOLOGÍA SUBYACENTE.
Los obispos de Aragón afirman en su carta que el hombre que resulta de la antropología subyacente a la Educación para la Ciudadanía es "un ser inmanente, ajeno a su Creador, sin trascendencia y, por tanto, mutilado en su realidad (laicismo); un hombre en el que las facultades espirituales del alma son eclipsadas por el nivel del conocimiento sensible y por los afectos (empirismo); un ser autónomo que se construye a sí mismo y que no puede conocer la verdad ni objetivar el bien (relativismo moral); y un ser humano cuya sexualidad no es constitutiva, sino el resultado del deseo y de la elección (ideología de género)".
Por otra parte, la carta argumenta también que la imposición legal de una materia de enseñanza obligatoria y evaluable de formación antropológica y moral con carácter general para todos los alumnos, "como es el caso de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, podría significar el no cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución Española en relación con sus artículos 27.1 y 16.1".
Concretamente, señalan, la imposición desde arriba de una materia curricular de esta índole "no respetaría la secuencia constitucional de libertad de pensamiento, libertad de enseñanza y libertad de los padres a decidir la identidad de la educación integral de sus hijos", sino que "el Estado, consciente o inconscientemente, se convertiría en la instancia última que define el ser y el obrar de la persona".
Esto vaciaría de contenido el derecho de la libertad de enseñanza de los padres y de las instancias o instituciones sociales llamadas a intervenir en el proceso educativo, que entraría en contradicción con el derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto que garantiza el artículo 16.1 de la Constitución.
La carta está firmada por el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña; el de Barbastro-Monzón, Alfonso Milian; el de Huesca y Jaca, Jesús Sanz; el de Teruel y Albarracín, José Manuel Lorca, y el de Tarazona, Demetrio Fernández.
