Actualizado 06/05/2013 15:27

La Fiscalía de Bangui abre una investigación sobre las violaciones de DDHH cometidas en la República Centroafricana

PARÍS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Bangui ha abierto una investigación sobre las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el recién derrocado presidente de la República Centroafricana, François Bozizé, a lo largo de sus diez años de mandato e incluso en las fechas que rodearon al golpe de Estado del pasado 24 de marzo, según ha informado el ministro de Justicia, Arsène Sendé.

En declaraciones hechas el pasado sábado a la Radio Nacional y citadas este lunes por el diario francés 'Le Monde', Sendé ha acusado al expresidente de "asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y torturas, destrucción e incendio de viviendas, ejecuciones sumarias y extrajudiciales, incitación al odio y al genocidio, crímenes económicos y actos comprometedores para la paz civil".

Entre los asesinatos, el ministro ha citado la ejecución sumaria de 119 personas por parte de un oficial de la guardia personal de François Bozizé, el capitán Eugène Ngaikosset, también conocido como "el carnicero de Paoua", en referencia a una localidad del noroeste del país.

Asimismo, ha recordado la desaparición, en 2010, del coronel Charles Massi, antiguo ministro y jefe del grupo rebelde Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz (CPJP), quien "fue detenido a principios de 2010 en Chad y entregado a las autoridades centroafricanas y posteriormente ejecutado por la guardia leal al presidente Bozizé".

Sendé ha denunciado también la ejecución, el pasado 23 de marzo --en la víspera de la caída de Bangui--, de una decena de personas supuestamente pertenecientes a Séléka, el grupo insurgente que se alzó en armas en diciembre y derrocó finalmente al presidente. Las ejecuciones, ha asegurado el ministro, fueron cometidas por un oficial de la guardia personal de Bozizé en el cementerio de Ndrès, en el noreste de la capital.

Bozizé, de 66 años, quien llegó el poder en 2003 mediante un golpe de Estado militar y que fue reelegido en 2005 y 2011 después de dos elecciones presidenciales impugnadas por la oposición, se trasladó a Camerún inmediatamente después de su derrocamiento y diversas fuentes han especulado con la posibilidad de que pida asilo político a Benín.