MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ONG Hazte Oír ha entregado este miércoles a los funcionarios de la embajada de Pakistán en Madrid más de 60.000 firmas que piden la puesta en libertad inmediata de Asia Bibi, la mujer cristiana condenada a pena de muerte por blasfemia en el país asiático.
El presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, ha declarado que ha recibido el compromiso de los funcionarios de la Embajada de que harán llegar las firmas al presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari.
"No tiene sentido que haya una ley contra la blasfemia en un país como Pakistán que se considera así mismo democrático", denunció Arsuaga. Según el presidente de la ONG, la norma sólo se aplica contra aquellas personas que "contradicen el Islam". "La pena de muerte es desproporcionada para este delito", añadió.
Asia Bibi, de 45 años y madre de cuatro hijos, fue condenada a muerte el pasado 8 de noviembre por blasfemias al Islam al insultar al profeta Mahoma.
Bibi, en una breve rueda de prensa desde la prisión concedida el pasado 20 de noviembre, negó el delito y calificó de mentiras preparadas por un grupo de compañeras que le tenían aprensión. "Teníamos nuestras diferencias y ésta ha sido su forma de vengarse", dijo Bibi.
"La acusación contra mí es infundada. Nunca he dicho nada despectivo del profeta Mahoma", apostilló. De hecho, dijo, "Mahoma es el último profeta y creemos en él".
El ministro para las Minorías paquistaní, Shahbaz Bhatti, calificó de "inocente" a la mujer en un informe solicitado por Zardari. Después, el presidente se comprometió a otorgar una amnistía a Bibi, según reveló hace una semana el gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer.
Pero el Tribunal Superior de Lahore prohibió el lunes al presidente que indultase a Asia Bibi porque el caso todavía no ha sido resuelto en apelación.
"Sólo pedimos el indulto de Asia Bibi para que vuelva con su marido y sus cuatro hijos", terminó Arsuaga.
Los grupos de defensa de los Derechos Humanos han solicitado que se revoque la ley sobre la blasfemia, que consideran que discrimina a las minorías religiosas que componen en torno al 4 por ciento de los 170 millones de habitantes del país.
