MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los países que han firmado el nuevo tratado que prohíbe las bombas de racimo no deberían permitir de ninguna manera facilitar el uso de este arma, incluso en las operaciones militares conjuntas con naciones aliadas que no han firmado el tratado, según afirmó la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW), que señala que algunos países firmantes, especialmente los socios militares de Estados Unidos, han promocionado una interpretación contraria que amenaza con minar la prohibición.
En el análisis de 19 páginas, HRW desacredita el argumento de que el tratado permite formas de asistencia durante las operaciones militares conjuntas. Países como Australia, Canadá y Reino Unido han afirmado esta aseveración, asegura la organización, a pesar de que la Convención sobre las Bombas de Racimo prohíbe explícitamente dar cualquier tipo de ayuda con estas armas.
"Si se leen grandes lagunas en la convención, los países firmantes podrán cargar y cebar de forma efectiva las armas, aunque ellos no apretarán el gatillo", afirmó la investigadora en la división de Armas en HRW, Bonnie Docherty. "Los Estados deben resistir la presión política de los aliados, incluidos Estados Unidos, a la hora de debilitar este fuerte tratado", añadió.
El artículo 21(3) de la Convención permite a los Estados unirse a operaciones militares conjuntas con los países no firmantes que pueden utilizar bombas de racimo, pero el artículo 1(1)(c) prohíbe a los Estados firmantes asistir a países no firmantes con actos prohibidos en la convención.
La organización también pide a los firmantes de la convención que entiendan la prohibición a la asistencia como amplia y absoluta. Su análisis también dice que se debe permitir la cooperación militar pero no cuando conlleva facilitar el uso de bombas de racimo.
La Convención prohíbe de forma absoluta el uso, la producción, la transferencia y el almacenaje de este tipo de armas, que pueden transportar hasta cientos de pequeñas submuniciones que ponen en peligro a los civiles tanto durante los ataques como después. El tratado también requiere la destrucción del almacenaje en ocho años, la limpieza del territorio con submuniciones sin explotar en diez y dar asistencia a las víctimas.
HRW también apremió a todos los Estados a firmar y ratificar el tratado tan pronto como sea posible, puesto que entrará en vigor seis meses después de que 30 Estados lo ratifiquen, y sólo diez lo han hecho.
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