SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones Ecologistas en Acción, Federación Ecoloxista Galega (FEG), Greenpeace, Sociedade Galega de Historia Natura (SGHN) y Verdegaia consideraron hoy que la memoria sobre los incendios forestales del año 2006 presentada por la Fiscalía de Galicia es un "tirón de orejas" para todos los políticos que, en el año pasado "o antes", han usado "irresponsablemente" los incendios como "arma partidaria y grosera" y han pretendido "reducir" el complejo problema social de los incendios "principalmente a una cuestión técnica y policial".
Asimismo, indicaron que "confirma" las posiciones defendidas por ellas y "desacredita las especulaciones sin fundamento" manejadas sobre las causas de los incendios, constituyendo "una llamada de atención sobre la importancia de los incendios debidos al uso tradicional del fuego en el medio rural".
Los ecologistas destacaron entre las conclusiones formuladas desde la Fiscalía el hecho e que la ola de incendios registrada entre el 4 y el 15 de agosto de 2006 "no supuso un hecho inusual" en Galicia.
Así, recordaron que el informe recoge que se contabilizó cuando menos una ola cada año desde el 2000, "siendo el número de incendios similar e incluso superior al del año 2006". Sólo se diferenció por las "condiciones climatológicas extremas, que no se dieron en el resto de los periodos".
"Esto, junto con insuficiencias y fallos importantes en el dispositivo de extinción -que no evalúa la Fiscalía- explican que sus consecuencias fueran tan devastadoras", aseveraron estas organizaciones.
Asimismo, destacaron que no existen pruebas de tramas o de terrorismo incendiario, "ni nunca existieron". De igual modo, inciden en que tampoco se comprobó que determinados incendios sucedidos en 2006 pretendieran causar alarma social.
De igual modo, subrayan que el informe de la Fiscalía revela que las motivaciones políticas, urbanísticas o relacionadas con la venta de madera tienen "una incidencia cuantitativamente insignificante en relación con el número total de siniestros".
Por contra, revela que la principal causa de los incendios es el uso tradicional del fuego en el medio rural. En este sentido, los ecologistas subrayan el dato de que el elevado número de quemas autorizadas por la Xunta (una media de 300.000 anuales) y la falta de su control adecuado originan un número importante de incendios.
En esta línea, recuerdan que la Fiscalía apunta que el "incendiario-tipo" actúa solo, está vinculado a actividades agrícola-ganaderas, vive en una localidad próxima al lugar del incendio y a veces puede reincidir.
El informe distingue tres perfiles: el imprudente, el incendiario y el pirómano. En particular, el imprudente es responsable de un importante número de incendios, caracterizándose por usar el fuego como herramienta agraria "de forma indisciplinada, incontrolada o sin adoptar suficientes medidas de prevención, a lo que se añade, en no pocos casos, carencia de capacidad física por razones de edad, lo que, en algunos casos, provocó que el siniestro tuviese consecuencias fatales".
Cuando los incendios son investigados en profundidad, la proporción de incendios intencionados desciende del 85% al 60%, "por lo que las estadísticas basadas en simples estimaciones de las causas de los incendios sobrevaloran la intencionalidad".
CONSECUENCIAS.
En consecuencia de este informe, la asociaciones ecologistas entienden que la Xunta y el resto de las Administraciones, en general, y la Conselleria del Medio Rural, en particular, así como las fuerzas políticas, deben "tomar buena nota" de la Memoria de la Fiscalía "y actuar en consecuencia".
Así, consideraron que es "prioritario" incidir sobre las causas inmediatas de los incendios relacionadas con el uso tradicional del fuego en el espacio rural y restringir las autorizaciones de las quemas agrarias, reforzando su control y no concediendo ayudas para ellas. Asimismo, defendieron que la Xunta debe "dar ejemplo" y abandonar el uso de las quemas prescritas.
De igual modo, abogaron por que las Fiscalías provinciales deben estudiar la posibilidad de interponer querellas contra los delegados de la Consellería del Medio Rural que hayan autorizado quemas agrarias que hayan dado lugar a incendios.
Asimismo, aseguraron que es necesario mejorar el conocimiento de las causas de los incendios, aumentando la proporción de aquellos que son objeto de una investigación en profundidad, ya que alertaron que hoy se desconocen las causas del 7% de los incendios y las motivaciones del 49% de los incendios intencionados.
Además, consideraron "urgente" dejar de usar "irresponsablemente" los incendios como "arma grosera de confrontación partidaria, como ha sucedido bajo todos los Gobernos autonómicos de Galicia habidos hasta hoy".
Finalmente, defendieron que se considere las reformas legislativas propuestas por la Fiscalía, sin incurrir, como indica la propia Fiscalía, "en la ingenuidad de pensar que la ley penal pueda resolver, por si sola, la dimensión del problema".
Por ello, indicaron que es necesario consensuar un modelo de gestión del monte que tenga como objetivo final superar el enquistamiento del "honda problema" social y política "que impide finalizar con esta lacra de los incendios forestales". En este sentido, reclamaron la elaboración de una Ley de Montes autonómica y de un nuevo Plan Forestal de Galicia y la potenciación del papel del Consejo Forestal de Galicia como órgano de participación social.
