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    Juez ve "avances" contra contaminación acústica en el Parque Natural de Cabo de Gata y rechaza condenar al Ayuntamiento

    ALMERÍA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

    El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 de Almería, que ordenó hace un año al Ayuntamiento de Níjar (Almería) que adoptase medidas para el control de la contaminación acústica en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, ha concluido que inició las "oportunas actuaciones tendentes a la finalidad pretendida" y que el "éxito" o no de las mismas "no se ha demostrado como achacable al Consistorio".

    Señala, en esta línea, que la medida cautelar que dictó en junio de 2014 a raíz de la demanda de la asociación conservacionista 'Amigos del Parque' sirvió para que el Ayuntamiento "desarrollará la actividad que se perseguía", que era el "articulado de la ordenanza de protección contra la contaminación acústica" tal y como se había aprobado en pleno en 2013, y rechaza condenar a la administración local ya que "se manifiesta un avance en la consecución del objetivo".

    En su sentencia, consultada por Europa Press, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 1 precisa que, en cuanto al mapa de ruidos cuya elaboración también se aprobó en pleno y cuya elaboración interesó por vía judicial 'Amigos del Parque', sería en el caso de Níjar "competencia autonómica" y matiza que, aún habiendo acuerdo de la corporación, "no constituye una obligación legal exigible más allá de la propia ejecución de sus acuerdos".

    "Ello no es óbice, no obstante, para el ente municipal pueda llevar a cabo acciones tendentes a elaborar tal mapa, como se ha evidenciado a lo largo del procedimiento que es la intención", añade para cerrar asegurando que "realmente actividad en materia de contaminación acústica ha habido sin perjuicio del devenir que experimento de manera real el desarrollo de la ordenanza municipal".

    El Juzgado, que califica las pretensiones de la asociación ecologistas al promover la demanda como "de todo punto loables y adecuadas", ordenó cautelarmente hace un año al Ayuntamiento que diese cumplimiento a un acuerdo de pleno de 2013 para la adopción de medidas para el control de la contaminación acústica en el término municipal.

    Fallaba así, con otro magistrado titular, a favor de 'Amigos del Parque Natural' que, en febrero, emprendieron esta vía por inactividad administrativa del Ayuntamiento nijareño al estimar que se hacía necesaria la aprobación un mapa de ruidos para, de este modo, "garantizar" la preservación de los valores medioambientales y la calidad de vida en los núcleos del parque natural de Cabo de Gata durante el periodo estival, "cuando se duplica la población residente".

    Entendía que el Ayuntamiento nijareño estaba "incumpliendo de forma reiterada" las obligaciones en materia de ruidos al no aprobar ni mapa ni una ordenanza municipal de protección de medio ambiente y señalaba que "daba la sensación" que las "escasas" actuaciones por parte de la administración "se producían de forma desordenada y desproporcionada sin ser resolutivos con los problemas en las zonas de conflicto sonoro".

    El colectivo subrayaba que los efectos de la contaminación acústica que se producían en algunos núcleos urbanos costeros del término municipal de Níjar como Aguamarga, San José, Las Negras o Rodalquilar, lo que podía también afectar al bienestar y disfrute "del propio hogar" de forma que "repercute de forma negativa sobre la vida familiar y privada, produciendo una fuente permanente de perturbación para la calidad de la vida de los ciudadanos".

    El pleno ordinario del Ayuntamiento de Níjar celebrado el 6 de Julio de 2013, bajo mandato del PP, aprobó por unanimidad la propuesta del grupo IULV-CA sobre medidas de control contra la contaminación acústica y de elaboración un mapa y planes de ruidos para el termino municipal de Nijar donde se escenificasen áreas de sensibilidad acústica y zonas acústicamente saturadas.

    Tras la medida cautelar, en agosto de 2014, el pleno dio luz verde al el inicio de los trámites para elaborar la ordenanza municipal de protección de contaminación acústica, lo que generó controversia con el sector hostelero al suponer la obligación de adaptar los locales de ocio a la normativa.

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