Actualizado 25/11/2010 16:49

El PP aprueba en solitario la ley de Autoridad del Profesorado de la Comunidad Valenciana

La oposición la considera "vacía" e "inútil" y los 'populares' defienden que responde a una "demanda social"


VALENCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PP, la abstención del PSPV y en contra de Compromís y No Adscritos, la ley de Autoridad del Profesorado, que tiene como finalidad potenciar la función docente y reafirmar la figura del profesorado como pilar fundamental del sistema educativo, reconociendo su condición de autoridad pública.

La aprobación de la ley, integrada por ocho artículos, una disposición adicional, una derogatoria y dos finales, implica que los hechos constatados por los profesores gozarán de la presunción de veracidad y, en este sentido, quedará garantizada la protección establecida por el ordenamiento jurídico.

Durante el debate, la oposición ha calificado la norma de "papel mojado", "vacía" e "inútil" porque no soluciona los "problemas" reales de los docentes y "no sirve para nada". Los 'populares' han defendido, por contra, que la ley responde a una "demanda social" y favorece al profesorado de la Comunidad y no han aceptado ninguna de las 62 enmiendas --20 del PSPV, 21 de Compromís y 21 de No Adscritos-- que se mantenían "vivas" al texto.

La diputada socialista Ana Noguera ha lamentado la falta de consenso en "una de las leyes probablemente más importantes que podríamos hacer en educación" y cuando "todos los grupos coincidimos en la necesidad social y política de dar reconocimiento y dignidad al profesorado", que lo que necesita son "recetas", ha dicho, "pero les estamos dando un vaso de agua y se nos ha olvidado ponerle la receta".

En esta línea, Noguera ha incidido en que podría "haber salido una ley absolutamente consensuada que de verdad mejorara la función docente de los profesores", pero el resultado es una norma que no da "respuesta a los problemas que tienen", que son de "estrés" y originados por "una nueva conflictividad social" o derivados de impartir clases con ratios "superadas".

La parlamentaria del PSPV ha remarcado que el borrador la norma no se aprobó en el Consejo Escolar porque los propios representantes de los trabajadores "ponían siempre peros muy críticos porque no vale hacer leyes vacías", y ha defendido que la autoridad "no se consigue así", sino con "el día a día", al tiempo que ha aseverado que la norma en "nada" va a cambiar las condiciones de los profesores y es "papel mojado".

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Compromís Josep Maria Pañella, que ha calificado la norma de "inútil" e "innecesaria" por estar "mal planteada". Ha explicado que la autoridad pública del personal funcionario "está garantizada y reconocida" mientras que para el profesorado de la privada hay que acudir al Código Penal, donde "se deduce claramente que no tiene la consideración de autoridad".

"POR LA GRACIA DE CAMPS"

Al respecto, ha censurado que un reglamento interior de un centro "estará por encima y corrigiendo lo que dice el Código Penal". "La autoridad no nos la dan así, es un concepto medieval", ha aseverado, y ha añadido que los 'populares' pretenden "investir de autoridad a todo el profesorado por la gracia de Camps", pero "vamos a seguir el día después de aprobar esta ley exactamente igual que antes".

Pañella ha reclamado el apoyo y el "respeto" de la Administración a la tarea de los docentes, a "no trabajar en barracones, a recibir el sueldo que les corresponde, a permitir la libertad de expresión y a reconocer la libertad de cátedra" y ha apuntado que sancionar a un director "por colocar una foto de una manera que no gusta en un tablón de anuncios es una falta de respeto al profesorado".

La portavoz del grupo de No Adscritos, Marga Sanz, ha incidido en que la norma es un "galimatías", "no aporta reconocimiento de autoridad al profesorado ni mejora la convivencia" y es "inútil porque se empeña en reconocer algo que el profesorado ya tiene reconocido desde la propia Constitución". Ha indicado que a través de "descalificaciones e insultos por parte de miembros de la Administración valenciana" no es como mejor se da protección al profesorado.

La diputada 'popular' Rosa María Barrieras ha defendido que la norma responde a una "demanda social" y "da rango de ley a la autoridad del profesorado", por lo que ha calificado de "extraño" que los grupos de la oposición "no quieran apoyarlo" y ha señalado no pueden "negar que favorece al profesorado de la Comunidad".

Ha especificado que, según un informe del Defensor del Pueblo, en el 45 por ciento de los institutos de educación secundaria de España se insulta al profesorado y ha destacado que todos los informes nacionales e internaciones señalan que los docentes dedican un tercio del tiempo de sus clases a "pedir callar" y el resto se desarrolla con interrupciones continuas.

Además, ha indicado que, según un estudio de FETE-UGT, el 50,2 por ciento de los profesores "confiesa su miedo a tener agresiones físicas" y ha apuntado que en el Pacto por la Educación planteado por el ministro Ángel Gabilondo también se proponía que se introdujera el reconocimiento de la autoridad del profesorado.

Barrieras ha asegurado no entender cómo la oposición "no puede estar a favor" de una ley "con el apoyo social que tiene a nivel de toda España" y cuando todos los grupos "estamos de acuerdo con su finalidad". También ha apuntado que el Consell Escolar acordó "dictaminar favorablemente el borrador".