BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las principales clínicas investigadas en Barcelona por presuntos abortos ilegales permanecen cerradas, después de que la Guardia Civil detuviera en una segunda operación policial a dos psiquiatras, tres ginecólogos y dos anestesistas por supuestamente colaborar en la trama liderada por el ginecólogo Carlos Morín, en prisión provisional desde el 30 de noviembre por estos hechos.
Según pudo confirmar Europa Press, las clínicas TCB, Ginemedex y el complejo de Clínicas Barnamedic --todas ellas en el barrio de Les Tres Torres de la zona alta de Barcelona-- permanecen con las puertas cerradas, las luces apagadas y sin ningún tipo de actividad visible desde fuera.
Los tres centros, junto con la clínica EMECE, fueron registrados el 26 de noviembre por orden de la juez de Instrucción número 33 de Barcelona, después de que la instructora aceptara una querella criminal de E-Cristians. Las diligencias se practicaron con conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), quien aseguró tener "indicios sólidos" de incumplimientos de la legalidad en estos centros.
Pese a que el resto de clínicas cesaron su actividad, EMECE amaneció con las puertas abiertas al público, facilitando hora con normalidad a las pacientes que lo solicitaban, ya que aseguraba no tener "nada que ver" con el resto de centros.
Los registros practicados en noviembre en las clínicas abortistas investigadas se saldaron con seis detenciones, entre ellas, la del cabeza visible del grupo, Carlos Morín, su esposa, María Luisa D.S., y otros cuatro trabajadores.
Tras tomarles declaración, la instructora decretó prisión provisional sin fianza para Morín, su mujer, y Virtudes S.V., la mano derecha del ginecólogo responsable de esta trama, que captaba a las mujeres embarazadas y contaba con ramificaciones internacionales, por los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e intrusismo.
Los otros tres detenidos, todos ellos facultativos, sólo fueron imputados por aborto ilegal y asociación ilícita, y quedaron en libertad tras pagar fianzas de 2.000 y 4.000 euros.
