MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -
Las medidas de ajuste presupuestario aplicadas sobre el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia liberarán 1.081 millones de euros con los que se podrá incorporar al sistema a unas 70.000 personas que actualmente se encuentran en espera, según aseguró este jueves la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez en rueda de prensa.
En concreto, las medidas adoptadas eliminarán la retroactividad en el pago de las prestaciones económicas hasta un tope de seis meses, plazo a partir del cual la administración si deberá pagar por el tiempo que se demore en abonar al dependiente las ayudas que le corresponden. Quienes ya están esperando la prestación sí cobrarán los retrasos, pero no lo harán de golpe, como hasta ahora, sino de forma fraccionada.
"Es verdad que estamos haciendo un ajuste", reconoció Jiménez, para explicar que se ha hecho de tal manera que se impone "una medida de agilización y mejora del funcionamiento de la Ley de Dependencia, porque se obliga a las comunidades autónomas a resolver la solicitud y el reconocimiento del derecho en seis meses, ya que a partir de este plazo, sí tiene derecho el usuario a cobrar los retrasos".
Frente a las dificultades planteadas por asociaciones y colectivos afines al desarrollo de la Ley de Dependencia respecto a la imposibilidad de que las comunidades resuelvan los expedientes y concedan las prestaciones antes de seis meses, Jiménez aclaró que "el problema no es que no haya personal suficiente para hacer las evaluaciones (...) sino de recursos suficientes para incorporar a los dependientes al sistema".
Con esta medida, el Ministerio asegura esto "ya no será un problema" porque se liberarán 625 millones de euros entre 2011 y 2013. Además, Jiménez dice que la medida "no frena el desarrollo de la ley". "Hemos tenido que hacer un ajuste para poder seguir manteniendo el desarrollo de la ley y ese ajuste tiene que ver con que no podemos pagar los atrasos de las prestaciones económicas", explicó.
En cuanto al fraccionamiento del pago, la ministra asegura que la iniciativa procede de las propias comunidades autónomas, que habían expresado su "dificultad para poder atender todas las peticiones que tenían pendientes". Según Jiménez, permitirá "liberar recursos", un total de 431 millones "para atender a todas aquellas personas que todavía no estaban siendo atendidas", en concreto, a 70.000 dependientes.
