Municipios catalanes reclaman influencia para regular la inmigración
GIRONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Salt (Girona) votará este lunes una moción de la coalición de gobierno de PSC y ERC para reclamar al Gobierno que se deniegue la legalización por arraigo social y la reagrupación familiar a los inmigrantes que vulneren las ordenanzas cívicas, iniciativa que partió del consistorio socialista de L'Hospitalet de Llobregat y a la que se ha sumado el PP de Badalona (Barcelona).
La moción, elaborada por la coalición de gobierno, pide que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería establezca la necesidad de un informe positivo emitido por el ayuntamiento de residencia en los trámites de arraigo y reagrupación. El municipio emitiría un informe negativo, atendiendo al principio de proporcionalidad, si comprueba que el solicitante ha sido sancionado por infringir ordenanzas municipales de civismo.
El Consistorio liderado por Iolanda Pineda apunta que "es del todo necesaria" la participación de todas las administraciones y de todos los ciudadanos para garantizar "la armonía, la calidad y el equilibrio" de las relaciones según las reglas básicas de convivencia de cada comunidad. Lamenta también que el incivismo de algunas personas en el espacio público o privado afecte la sensación de seguridad y civismo de los ciudadanos.
"Las actitudes incívicas de unos pocos repercuten muy negativamente en la percepción que la gran mayoría de ciudadanos perciben de la diversidad y dificulta mucho su gestión", recoge el texto de la moción. Por todo ello, aboga por su participación en la elaboración de informes determinantes para el arraigo y la reagrupación. La coalición de gobierno de Salt, con más del 40% de población extranjera, confía en recabar el apoyo del resto de partidos.
Por su parte, el PP de Catalunya impulsará en todos los ayuntamientos en los que tiene representación mociones para reclamar al Gobierno central que se deniegue la legalización por arraigo y la reagrupación a inmigrantes incívicos, previo informe municipal. Tanto el PP de Badalona como el equipo de gobierno socialista de L'Hospitalet de Llobregat presentarán una moción en este sentido en el pleno de este martes.
Por ahora, los municipios se limitan a acompañar las peticiones de arraigo y reagrupación --que autorizan las delegaciones del Gobierno-- con informes no vinculantes, y tampoco tienen acceso a las bases de datos de multas administrativas de los solicitantes. En el caso de la reagrupación, inspeccionan la vivienda para acreditar que está en condiciones de alojar a los familiares.
APOYO DE LOS MUNICIPIOS
Ayuntamientos con un 20 por ciento de inmigración, como Tortosa y El Vendrell (Tarragona), también han abogado por que los municipios tengan un papel determinante en la legalización por arraigo de los inmigrantes, aunque han señalado la importancia del consenso entre todas las fuerzas políticas.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Tortosa, Ferran Bel (CiU), ha afirmado que su consistorio "ya había reclamado este tipo de medidas con anterioridad, aunque fuese objeto de crítica". En cuanto a la reagrupación, ha remarcado que es una cuestión "mucho más delicada", pero ha defendido la necesidad de "garantizar" que quienes se incorporan a la sociedad respeten las normas comunes.
Asimismo, ha reclamado criterios unificados al Gobierno para que no se repitan polémicas como la del padrón, y ha rechazado la oleada de mociones anunciadas por el PP, al considerar que la cuestión debe abordarse de forma consensuada, en lugar de con textos "cortoplacistas y electoralistas que no arreglan nada".
También en declaraciones a Europa Press, el concejal de Convivencia y Civismo de El Vendrell, Jaume Domingo (CiU), ha considerado que la medida es "lógica" por la proximidad de los entes locales al ciudadano, y ha lamentado la "falta de competencias y de recursos" de los municipios en materia de inmigración.
Según ha anunciado, están barajando llevar una moción "consensuada" sobre arraigo y reagrupación al pleno municipal, al considerar que "cualquier derecho comporta deberes, como el no atentar contra la convivencia".
A su juicio, el sentido común es suficiente para sentar los criterios sobre lo que merece un informe negativo. "Se trata de aspectos del día a día que causan problemas de convivencia", ha explicado, y se ha referido a la vida vecinal, al uso de espacios verdes y de las calles. "Un cordero debe matarse en el matadero, hacerlo en cualquier otro lugar es incívico", ha ilustrado.
