BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, defendió hoy que la juez de Instrucción número 3 de Tarragona actuó con "diligencia" y "agilidad" en el caso de la niña de siete meses presuntamente maltratada en el entorno familiar, y reprochó a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) que no actuara antes "porque estaba facultada para hacerlo y obligada por la ley".
Alegret explicó en rueda de prensa que ha pedido información a la juez sobre su actuación en el caso, aunque señaló que ello "no presupone de ninguna manera ninguna responsabilidad por parte del juzgado". La instructora tuvo conocimiento por primera vez de una lesión sufrida por la pequeña el 25 de abril sin que ese momento creyera necesario retirar la custodia a sus padres, ambos imputados por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar.
A la espera de recibir dicha información, la presidenta del TSJC afirmó que de las explicaciones que la juez le ha dado hasta ahora se desprende que "actuó con la agilidad que requiere un caso como éste". La instructora abrió diligencias "rápidamente" cuando, el 24 de abril, el Hospital Joan XXIII de Tarragona le informó vía telefónica que habían atendido a la pequeña de una fractura de fémur, denuncia que la juez tramitó de forma urgente y por la que solicitó un informe forense ese mismo día.
El 25 de abril llegó al juzgado el parte de lesiones del hospital y la juez citó a declarar como imputado al padre de la niña, Richard R.B., dos días después. Tras escuchar su versión, la instructora decidió citar también como imputadas a la madre de la menor, Ainadys M.T., y a su cuidadora, que comparecieron el 2 de mayo, cuando la niña ya había sido dada de alta. En esa ocasión, la juez no acordó retirar la custodia a los padres de la niña.
Alegret no quiso valorar "las decisiones jurisdiccionales porque están salvaguardadas por la independencia de los jueces", pero señaló al respecto que la instructora actuó "en función de las dudas --de maltrato-- que presentaba el caso". La presidenta del alto tribunal catalán dijo estar "segura" de que de la declaración de los padres de la niña y del informe forense se desprendía esa "duda" y que, por ello, la magistrada no adoptó una medida "más contundente".
SOLÓ EL JUZGADO HA ACTUADO EN ESTE CASO.
En cualquier caso, Alegret recordó la juez decidió hacer un seguimiento de la niña y pidió al CAP de Salou y al Hospital Joan XXIII que le informasen de cualquier incidencia, y consideró que la DGAIA, que también había recibido la denuncia por parte del hospital, "podía haber actuado antes porque estaba facultada para hacerlo y obligada por la ley, y no necesitaba la autorización del juzgado".
La DGAIA mantiene que no intervino antes en el caso porque la juez no les dio todos los datos que solicitaron tras el primer ingreso de la menor, entre ellos el informe del forense. La Generalitat volvió a pedir la información el 31 de mayo, después de abrir a principios de dicho mes un expediente sobre el caso que, según un portavoz de la Conselleria de Acción Social, carecía de información "esencial" por la falta de colaboración del juzgado.
Según la presidenta del TSJC, la DGAIA pidió información al juzgado sin haberse personado en la causa y por ello se le denegó el acceso a las diligencias, ya que "los procesos judiciales son secretos para todo el mundo excepto para las partes personadas". A su entender, "se está haciendo mucho hincapié en la actuación del juzgado, cuando estoy comprobando que es la única institución que tomó decisiones y actuó en este caso".
Alegret explicó también que la juez instructora recibió esta mañana un segundo parte médico del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde permanece ingresada la pequeña, "que describe con más detalle las lesiones que realmente tiene la niña" y que descarta que el golpe que sufrió en la cabeza y que le produjo una hemorragia intracraneal fuese causado por un zarandeo, tal y como se apuntaba en un primer parte hospitalario.
Este parte ha sido determinante a la hora de modificar la situación de Richard R.B., para quien la juez instructora decretó hoy el ingreso en prisión provisional después de que ayer el juez de guardia decidiese dejarle en libertad provisional al no contar con indicios suficientes de que la pequeña hubiese sufrido malos tratos.
ESTE CASO ES DIFERENTE AL DE ALBA.
Durante la rueda de prensa, Alegret diferenció el caso de la niña de Salou del de Alba, la niña de cinco años de Montcada i Reixac (Barcelona) que sufre importantes secuelas neurológicas por los presuntos maltratos que le infligió el compañero sentimental de su madre, el cual dejó al descubierto las deficiencias de coordinación entre la administración de justicia y los responsables de protección a la infancia.
"Este no es un caso de descoordinación", señaló la presidenta del TSJC, quien destacó que la juez de Tarragona "actuó inmediatamente dentro de sus competencias", a diferencia del caso de Alba, en el que el juez que recibió el parte médico ordenó a los Mossos d'Esquadra que abrieran una investigación ante la sospecha de malos tratos.
Para Alegret, en este caso, se ha seguido el protocolo de actuación que firmaron las administraciones a raíz del caso Alba y lo ocurrido "es un problema de valoración de un riesgo determinado por parte de la juez con las declaraciones y la investigación que ha hecho y de la actividad o inactividad de otra administración --la DGAIA-- que no sé lo que ha hecho aparte de pedir información al juzgado".
En este sentido, la presidenta del TSJC recordó que la administrativa y la penal "son dos esferas de actuación diferentes" y que la DGAIA puede actuar dentro de sus facultades administrativas para hacer las averiguaciones necesarias de cara a la protección de los menores, ya que "ésa es precisamente su función".
