Se trata de la primera vez que los 27 se marcan un objetivo común en materia de pobreza
LUXEMBURGO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los 27 se comprometieron este lunes a reducir en 20 millones (un 16%) el número de personas que viven en la UE en una situación de pobreza o exclusión de aquí a 2020. Este objetivo pasará así a ser una de las cinco prioridades de la nueva estrategia económica de la UE para los próximos 10 años. Se trata de la primera vez que la UE se marca una meta en materia de pobreza.
"Es un objetivo ambicioso. Somos conscientes de las dificultades, pero el hecho de que todos los países hayamos decidido trabajar en ese objetivo común es un importante paso adelante", destacó la ministra de Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez. Jiménez aseguró que fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el que pidió a principios de año al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, incorporar la "dimensión social" a la nueva estrategia europea para el crecimiento del empleo.
"Lo hemos conseguido. Por primera vez se van a usar indicadores comunes para evaluar los resultados de cada país. Hemos logrado un acuerdo que nos va a permitir monitorizar las políticas de lucha contra la pobreza", destacó Jiménez.
Por su parte, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, dijo que el acuerdo "es un gran avance". "Por primera vez, tenemos un objetivo concreto para reducir las personas en riesgo de pobreza y exclusión en al menos 20 millones en 2020. Ello envía un poderoso mensaje sobre el compromiso real de Europa de lograr resultados visibles a favor de una sociedad más justa e inclusiva", afirmó.
El Ejecutivo comunitario había propuesto incluir la reducción de la pobreza como el objetivo más novedoso de la nueva estrategia económica de la UE para acentuar su dimensión social tras la crisis. Pero la mayoría de los Estados miembros lo cuestionaron en la pasada cumbre de marzo por considerar que es muy difícil de cuantificar.
Para lograr un compromiso, la presidencia española propuso una definición más amplia de pobreza basándose en tres indicadores: las personas que viven con ingresos inferiores al 60% de la media nacional; las que están en hogares con todos los miembros en paro y las que no pueden permitirse pagar bienes y servicios considerados básicos como una lavadora, una televisión en color o una semana de vacaciones fuera del hogar.
De acuerdo con la propuesta inicial de la Comisión, que utilizaba sólo el primero de los criterios, el número de pobres en la UE en 2008 se situó en 80 millones. Con esta definición más amplia, el número de personas desfavorecidas asciende a 120 millones. El objetivo pactado supondría sacar de la pobreza en los próximos 10 años a 1 de cada 6 personas que se encuentran en situación de exclusión (16%).
Este objetivo deberá ser ratificado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre que se celebrará el próximo 17 de junio en Bruselas. A partir de entonces, cada país deberá fijar su propia meta nacional de reducción de pobreza "sobre la base de los indicadores más adecuados y teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales y prioridades". Reino Unido mantiene una reserva a la espera de un examen más detenido por parte del nuevo Gobierno, según explicó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Los ministros de Asuntos Sociales debatieron además un informe sobre la situación de los sistemas de pensiones en la UE. El estudio alerta de que, pese a las reformas realizadas en los últimos años, la crisis económica y financiera ha agravado los problemas de sostenibilidad a largo plazo. Por ello reclama medidas para aumentar de nuevo la tasa de empleo y para retrasar la edad de jubilación.
Los Veintisiete dieron su aprobación definitiva a la norma para equiparar la baja por maternidad de las mujeres que trabajan por cuenta propia a la que disfrutan las mujeres contratadas, que tiene una duración mínima de 14 semanas. Ello no afectará a España, que ya contempla 16 semanas de baja por maternidad tanto para contratadas como para trabajadoras por cuenta propia.
Además, los cónyuges y parejas de hecho que trabajan de forma informal en pequeños negocios familiares, como explotaciones agrícolas o consultas médicas, tendrán acceso a los mismos sistemas de protección social que los autónomos. La norma ya ha sido aprobada por la Eurocámara.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibina Aído, informó a sus homólogos sobre el estado de las negociaciones sobre la directiva de igualdad de trato, sobre la que ha sido imposible lograr un acuerdo durante la presidencia española.
La propuesta de la Comisión pretendía extender la protección contra la discriminación por motivos de religión, discapacidad, edad u orientación sexual a áreas fuera del mercado laboral (como la protección social, la educación o el acceso a bienes y servicios, como la vivienda).
Aído destacó que la presidencia española ha logrado "avances" en las negociaciones pero dejó claro que "queda mucho por hacer" y que corresponderá a la presidencia belga proseguir con las negociaciones.
Finalmente, los ministros de Asuntos Sociales de la UE aprobaron una serie de conclusiones en las que se comprometen a avanzar en la integración de los gitanos, fomentar la participación de las personas mayores en la vida económica y social y facilitar la inclusión social de los discapacitados.
