El Defensor espera desde hace 25 días un informe jurídico que según Interior, avala la política de las ciudades autónomas
MADRID 8 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, afirma que la organización ha llevado ante los tribunales unos ochenta casos de solicitantes de asilo con las peticiones admitidas a trámite que se encuentran retenidos en Ceuta y Melilla sin poder pasar a la Península por una "mala interpretación" de la legislación, aunque la cifra de personas en esta situación "podría ser mucho mayor".
Este era el caso de Abdoulaye Kone, el joven marfileño de 20 años de edad que murió atropellado la semana pasada en la AP-7 a su paso por la localidad malagueña de Manilva, cuando viajaba oculto en los bajos de un camión. Había pasado siete meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y tenía la 'tarjeta amarilla', el documento que autoriza su residencia y libertad de movimiento en toda España mientras se resuelve la petición de asilo.
Para Abad, el deseo de Kone y del resto de solicitantes de asilo por salir de Ceuta se explica en términos de "diferencia de oportunidades" ya que si bien en el CETI "las condiciones son buenas porque es un centro abierto, la diferencia con estar en la Península es muy grande", porque "hay más posibilidades de integración, de encontrar trabajo o de establecer relaciones, por ejemplo".
La Adjunta Primera al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, afirma que la Oficina del Defensor ha recibido "varias quejas interpuestas por solicitantes de asilo que estaban en Ceuta y Melilla" motivo por el cual la Alta Institución abrió una investigación que se saldó con la conclusión de que "no hay ningún motivo que justifique" que estas personas no puedan viajar a la Península.
EL DEFENSOR, "DISCONFORME"
"Se nos comunicó que estas circunstancias se debían a una cláusula de reserva que existe para Ceuta y Melilla suscrita por España en la aplicación del Convenio Shengen (espacio único europeo), pero estudiamos esa normativa y manifestamos nuestra disconformidad con esa interpretación", explicó Cava de Llano en declaraciones a Europa Press.
En concreto, se trata de una cláusula por la que España no debe autorizar el paso a la Península de extranjeros que sólo dispongan de autorizaciones para entrar en alguna de las ciudades autónomas. La Oficina del Defensor del Pueblo entiende que esta norma se refiere a personas que puedan entrar a Melilla a través de Marruecos con un permiso transfronterizo porque vivan en poblaciones de la frontera o trabajen en la ciudad.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo trasladó su "disconformidad" a las autoridades en Ceuta y Melilla, a la Dirección General de Integración del Ministerio de Trabajo, al comisario general de Extranjería y Fronteras y a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que envió en respuesta un escrito en el que aseguraba contar con un "informe jurídico que avalaba totalmente su postura", explicó la Adjunta Primera.
"Pedimos el informe hace ahora veinte o veinticinco días y todavía no lo han enviado. Ayer lo volví a solicitar personalmente", apuntó Cava de Llano, quien advirtió que, en cualquier caso, "habrá que esperar a ver qué dicen los tribunales" sobre estos ochenta casos que CEAR ha puesto en sus manos.
