Sindicatos piden que se concreten con "mayor claridad" los mecanismos de participación pública
SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los grupos conservacionistas Ecologistas en Acción, WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua criticaron hoy que el Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario, está enfocado "únicamente a la creación de empleo, olvidando la protección medioambiental del recurso, que es su principal objetivo".
Según indicó a Europa Press la responsable de Aguas en WWF, Eva Hernández, "no tiene sentido que el principal objetivo de una normativa dirigida a cumplir con las exigencias de la Directiva Marco Europea, por la cual hay que garantizar el buen estado ecológico de las masas de agua antes de 20105, sea abiertamente la creación de empleo".
Así, insistió en que el agua "no es sólo un recurso económico, sino, sobre todo, natural que hay que cuidar desde una perspectiva conservacionista y si esto se hace bien, entonces vendrá la generación de riqueza y empleo".
Por otro lado, las organizaciones conservacionistas, que comparecieron hoy en el Parlamento andaluz junto con otros agentes socioeconómico para realizar sus aportaciones a la normativa, señalaron algunas "carencias importantes" que sufre el texto actual como la "reducción de los mecanismos de control" sobre las aguas subterráneas.
En este sentido, subrayaron que, a partir de la entrada en vigor de la ley, no hará falta una autorización ni el pago de un canon para la explotación de pozos de menos de 7.000 metros cúbicos anuales, algo que los ecologistas vieron como "una amnistía para quitarse de encima el problema de los pozos ilegales", que se cifran en España en más de 500.000.
Asimismo, lamentaron que se contemplen en el texto legislativo los trasvases como una solución para mejorar el estado de los acuíferos, cuando "lo que hay que hacer es controlar la legalidad de su explotación, realizar un plan de extracciones y luego plantear si es necesario traer agua de fuera", señalando que plantear los trasvases como primera opción, con los impactos ambientales suponen, "es un sinsentido".
También rechazaron que la Ley recoja la posibilidad de ampliar la superficie de regadío si se aumenta la eficiencia en el uso del agua en lugar de ahorrar los excedentes, que sería lo "lógico en una CCAA como Andalucía con acuíferos sobreexplotados y cuencas deficitarias".
Por otro lado, la futura normativa "quiebra el principio de unidad de cuenca" al plantear la gestión de las mismas por distritos provinciales, lo que "va tanto en contra de la Directiva Marco de Aguas como del sentido común", indicaron.
La recuperación de costes es, de otro lado, según advirtieron, "muy limitada", ya que, "contrariamente a lo que establece la Directiva europea, "a la hora de establecer el precio del agua sólo tiene en cuenta el volumen del agua consumida, en lugar de sumar a éste los costes derivados de la construcción del embalse, su mantenimiento y los precios ambientales".
Por último, se refirieron los conservacionistas a las "deficiencias" que presenta el texto en el capítulo de participación pública, apuntando que la Ley "recoge muchos derechos para los usuarios que tienen una concesión, pero ninguno para otros usuarios sin concesión como las personas que utilizan las masas de agua para ocio, actividades deportivas o turísticas".
"NO CUENTA CON EL CONSENSO DE TODOS"
Además, negaron que la Ley cuente con el consenso de todos los agentes socioeconómicos vinculados a su gestión tal y como defiende la Consejería de Medio Ambiente, ya que "sólo cuenta con la aquiescencia de agricultores, regantes y empresarios, que son los que tienen intereses económicos directos, pero no del resto de colectivos alejados de motivaciones económicas y para los que es una prioridad el interés general de la población".
Por su parte, el sindicato CCOO-A consideró que esta norma es un
"pilar fundamental" para cualquier estrategia de crecimiento de la región y un instrumento "crucial" para avanzar hacia un nuevo modelo productivo andaluz, pero manifestaron sus dudas sobre los apartados de Ley que se refieren al derecho de información y participación de la sociedad en la gestión del agua, la repercusión de los costes ambientales al conjunto de los usuarios y el control de determinados usos.
Así el sindicato se ha mostrado "insatisfecho" debido a la "indeterminación" de la Ley al referirse a la participación de los usuarios a través de la sociedad civil organizada y, en concreto, de los sindicatos mayoritarios, ya que "remite a posteriores desarrollos reglamentarios y excluye a los agentes sociales de los órganos de participación decisorios".
Del mismo modo, mantuvo su propuesta para la regulación de la situación de los pozos con menos de 7.000 metros cúbicos anuales, ya que, según aseguró, estos pozos "consumen anualmente más de 1.000 hectómetros cúbicos y sin control alguno".
En cuanto al régimen económico, manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que puedan repercutir en el ciudadano dos tasas o cánones distintos por el mismo concepto, exigiendo una mayor concreción para evitarlo.
Asimismo, consideró "injusto" que la repercusión de los costes ambientales no sea de aplicación a todos los usuarios del agua, siendo especialmente significativo que "los usuarios domésticos e industriales, que consumen el 20% del agua, corran con los costes ambientales, mientras el regadío, que consume el 80%, no tenga que pagar nada por este concepto".
El sindicato UGT-A consideró la Ley de Aguas un instrumento "necesario" para la reorientación de la gestión del recurso en Andalucía y la respuesta a nuevas necesidades sociales, así como la generación de empleo y riqueza a través de la construcción de infraestructuras sin olvidar el cumplimiento de las exigencias ambientales marcadas por Europa.
No obstante, según informó a Europa Press el secretario de Acción Sindica de UGT-A, José Manuel Guerrero, la organización ha recomendado hoy que se recoja en el texto de manera "más clarificadora" los mecanismos de la participación pública.
Asimismo, en el capítulo económico, apostó por "abundar" en el concepto de progresividad incentivando el ahorro de manera que "a mayor tasa de ahorro se premie a los consumidores con el menor coste del agua".
AMPLIACIÓN DE LOS TRAMOS DE LAS TARIFAS
Por otro lado, la Unión de Consumidores de Andalucía, UCE-Andalucía, apostó por una ampliación de los tramos de las tarifas y del consumo mínimo exento del canon. Según la organización, considerando el momento de dificultad económica actual habría que apostar por la ampliación de tales tramos a 4 metros cúbicos por cada miembro de la unidad familiar que exceda de cuatro en lugar de 3 metros cúbicos como prevé el proyecto.
Asimismo, consideró "elevado" el importe de un euro que propone la Ley para el pago del canon al usuario doméstico, pidiendo que queden exentos de este tributo los consumos sociales de los domicilios inferiores a los 6 metros cúbicos y no los 2 metros cúbicos previstos".
Igualmente, demandó que la Ley contemple la articulación de líneas de financiación que permitan a los usuarios domésticos sustituir los contadores comunitarios por contadores individuales para optimizar el consumo particular.
