MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha instado a todos los gobiernos a abolir la pena de muerte porque "no existe ni una sola prueba fehaciente de que sea un factor disuasorio" para delincuentes y criminales y solamente "se usa con fines políticos".
Para conmemorar el Día Mundial contra la Pena de Muerte, AI ha publicado el informe titulado 'Not Making Us Safer', en el que pone de relieve la ausencia de pruebas que respalden la afirmación de que la pena de muerte reduce los delitos graves.
La organización humanitaria ha denunciado que "una minoría de países ha reanudado o prevé reanudar las ejecuciones, a menudo como reacción visceral a unos índices de delincuencia elevados o en aumento, o ante asesinatos especialmente atroces".
En concreto, ha indicado que se han reanudado las ejecuciones en Gambia, India, Indonesia, Kuwait, Nigeria, Pakistán y, recientemente, en Vietnam. Además, ha apuntado que las últimas reformas legislativas de Papúa Nueva Guinea "anuncian la preocupante posibilidad de que se puedan reanudar también aquí".
A pesar de esta reacción gubernamental, ha sostenido que "no existen pruebas fehacientes de que la reanudación de las ejecuciones influya en el control de la delincuencia" y ha mencionado los casos de India, Canadá y Trinidad y Tobago, donde se ha demostrado que "no hay ninguna correlación".
Así, ha considerado que la reanudación de las penas de muerte es una "vergonzosa maniobra política". "Con ello (los gobiernos) distraen la atención de las soluciones a largo plazo que abordan efectivamente los problemas del sistema de justicia penal", ha dicho la portavoz de AI, Audrey Gaughran.
Además, ha criticado que "los políticos suelen aducir el gran apoyo de la ciudadanía a la pena de muerte como justificación para su uso". "Sin embargo, las encuestas tienden a simplificar las complejidades de la opinión pública", ha apuntad.
A este respecto, la organización humanitaria ha apuntado que "cuando se tienen en cuenta factores como el riesgo de una ejecución errónea y la parcialidad de los juicios, el apoyo público a la pena de muerte disminuye".
"Los políticos deben dejar de actuar para la galería y mostrar liderazgo en materia de seguridad pública. Deben dejar de presentar la pena de muerte como una solución rápida para reducir los elevados índices de delincuencia y abordar los problemas del sistema de justicia penal", ha instado.
AI ha argumentado que "se ha demostrado que una actuación policial efectiva, unos sistemas de justicia penal operativos y las mejoras en la educación y en los niveles de empleo son claves para reducir los índices de delincuencia".
"Las víctimas de la delincuencia merecen justicia, pero la pena de muerte no es la respuesta. Reanudar las ejecuciones para aparentar dureza frente a la delincuencia es someter la vida de las personas a las conveniencias políticas", ha dicho.
AI ha reiterado que se opone a la pena de muerte "en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito; de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona; y del método empleado por el Estado para realizar la ejecución".
"La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia", ha zanjado.
