MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) ha destacado la necesidad de reforzar el sistema de justicia internacional con motivo del Día de la Justicia Internacional y la conmemoración del XII aniversario de la adopción del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI), según ha informado AI.
Así, el director de AI España, Esteban Beltrán, ha señalado que "las víctimas de los crímenes más atroces tienen derecho a obtener verdad, justicia y reparación" y que este derecho "sólo se verá garantizado si los Estados de todo el mundo apoyan las labores del Tribunal Penal Internacional sin anteponer sus intereses políticos, y si asumen un compromiso real con los principios de jurisdicción universal para perseguir, investigar y sancionar a los responsables de crímenes del derecho internacional".
Igualmente, ha indicado que pese a que desde la creación de la Corte Penal Internacional 111 países han ratificado el Estatuto de Roma aún quedan "ausencias preocupantes", como es el caso de países como Estados Unidos, China, Federación Rusa, Israel o Irán que aún no ratificaron el texto, siendo los tres primeros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Sin embargo, AI ha puntualizado que el TPI se sigue enfrentando a "grandes retos", ya que los Estados no han comprendido aún que los crímenes internacionales que se encuentran bajo su competencia "atentan contra toda la humanidad y no se limitan a sus intereses particulares".
Además, AI ha señalado que otro instrumento importante para luchar contra la impunidad es la jurisdicción universal, por la cual, en atención a la naturaleza atroz de ciertos crímenes reconocidos como tales por la comunidad internacional, los Estados están autorizados, y de ser el caso incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen, la nacionalidad del autor o la víctima, y los intereses particulares de un Estado.
Por otra parte, se ha referido también a la reunión de junio de 2010, donde todos los grupos parlamentarios del Senado "volvían a demostrar una preocupante falta de compromiso" con la legalidad internacional, al aprobar la reforma del Código Penal, cuyo texto "está muy lejos de satisfacer el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por España".
En este sentido, AI pidió "como paso elemental" en numerosas ocasiones que el Código Penal tipificase adecuadamente como delitos la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial y definiese el delito de tortura "conforme al Derecho Internacional", sin que ninguna de estas recomendaciones fuese incluida en el texto final de la reforma.
Finalmente, la organización ha sentenciado que cualquier limitación al principio de jurisdicción universal, no sólo "resta a las víctimas un recurso valioso para la obtención de verdad, justicia y reparación, tal como les reconoce el derecho internacional, sino también habilita resquicios de impunidad para los perpetradores de estos crímenes". "El mensaje lanzado por España no puede ser más desalentador, ni más contrario a la evolución de la justicia internacional", ha declarado Beltrán.
Por ello, Amnistía Internacional ha afirmado que seguirá trabajando para combatir la impunidad de los crímenes "mas atroces para el derecho internacional" y ha instado a las autoridades a eliminar los "obstáculos" legislativos, judiciales y políticos que impiden una efectiva aplicación de los principios de jurisdicción universal en España, así como en pro de la ratificación universal del Estatuto de Roma.
