MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional decidirá en próximos días si el acuerdo impugnado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sobre la determinación de la participación del usuario dependiente en el coste de los servicios, conocido como copago, se ajusta o no a la legalidad, ratificándolo o declarándolo nulo.
El CERMI ha propuesto esta semana una prueba testifical aceptada por el tribunal, que ha consistido en el testimonio de una mujer con discapacidad, a la que se le ha reconocido la situación administrativa de dependencia y a la que se le ha preguntado si los criterios de copago a ella aplicables limitaban o promovían su autonomía personal.
El comité trata de demostrar que el acuerdo de copago puede vulnerar la Ley 29/2006 "por no adecuarse a la finalidad de promoción de la autonomía personal y por castigar especialmente a las personas en situación de dependencia que obtienen ingresos a través del ejercicio de una actividad laboral". El acuerdo, a juicio del CERMI, puede, por estas razones, "desincentivar la vida activa y participativa, yendo en contra del objetivo de la máxima autonomía de la persona".
Además, el CERMI ha impugnado el acuerdo de copago porque, según ha explicado, la ley exige que esta materia sea regulada por una norma reglamentaria y finalmente, ha sido establecido en un acuerdo del Consejo Territorial, por lo que, a juicio del CERMI, "no tiene el rango de norma reglamentaria de desarrollo de una ley".
