MOSCÚ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad rusas han mantenido este miércoles el registro contra las sedes de diversas organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch o Transparencia Internacional, en el marco de una oleada de inspecciones realizadas por el Gobierno desde que aprobó una serie de normas que restringen las actividades de varias ONG.
El Kremlin ha destacado que estas leyes son necesarias para evitar que las organizaciones realicen tareas de espionaje para gobiernos extranjeros. Sin embargo, las redadas de las autoridades estatales son consideradas, por los más críticos con el presidente Vladimir Putin, como parte de una campaña para sofocar la disidencia.
La Fiscalía General de Rusia ordenó el lunes el registro a las oficinas de Amnistía Internacional en el país. Este miércoles, le ha tocado el turno a los grupos HRW, Transparencia o la kazaja Agora, entre otras, según la agencia de noticias RIA Novosti.
La subdirectora para Europa y Asia Central de HRW, Rachel Denber, ha criticado que "la ola de inspecciones sólo puede explicarse como un intento de crear una ambiente amenazante para las organizaciones envueltas en la defensa" de los Derechos Humanos.
La organización Agora, que ha dado apoyo legal a activistas políticos, ha informado de que su director, Pavel Chikov, ha sido llamado para declarar ante la Fiscalía en Tatarstán, suroeste de Rusia.
Las autoridades han solicitado a las ONG inspeccionadas datos de sus actividades, el registro de personal y sus cuentas. A finales del pasado año, el Ejecutivo ruso aprobó una ley que calificaba de 'agentes extranjeros' a las organizaciones que estuviesen financiadas desde el exterior.
El martes, Agora informó de que en la reciente oleada de inspecciones, las autoridades rusas han registrado dependencias de un total de 88 organizaciones diseminadas en 24 regiones. A principios de esta semana, se produjeron los registros en Amnistía o de la Fundación Konrad Adenauer, lo que motivó la condena de la Unión Europea, que criticó que sin una justificación legal clara, los registros "parecen estar dirigidos a socavar más las actividades de la sociedad civil".
