MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) instó hoy al responsable del área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, a que resuelva el problema de la nueva tarjeta azul de transporte de discapacitados y elimine los requisitos económicos que son necesarios para acceder a ella.
En un comunicado, el CERMI señala que uno de los actuales requisitos para acceder a la tarjeta es el criterio de los ingresos, un hecho que limita el acceso de discapacitados a esta tarjeta de transporte.
Asimismo, indica que ha subido el precio de la tarjeta por lo que "las personas con discapacidad han pasado de pagar 0,30 euros que costaba el anterior título de transporte, el Bonotet, a los 5,50 euros de la Tarjeta Azul teniendo, además, que presentar los ingresos de toda la unidad familiar, por lo que se rechazan las peticiones que anteriormente se concedían".
En opinión del Comité, "se puede entender que le nieguen la tarjeta azul a una persona que tenga unos importantes ingresos personales, pero a personas que dependen del transporte público para moverse por esta ciudad, acostumbrados a unos itinerarios que no pueden cambiar porque no todas los transportes son accesible o porque su situación personal no le permite cambiar de medio de transporte, como hace cualquier persona para llegar a su destino, es aplicar una política social poco integradora, cargar más a las familias, las cuales se tendrán que encargar ahora de su transporte y, desde luego, desconocer la situación que viven las personas con discapacidad".
El CERMI remitió una carta al titular del área en marzo de 2009 y volvió a enviar otra a mediados de julio del mismo año 2009 "sin obtener respuesta eficaz hasta la fecha".
En ellas se reclamaba una reunión para hablar de soluciones para un colectivo al que el coste de la vida se le hace más difícil que al resto de las personas sin discapacidad y que pretende vivir, sin cargar su situación personal a las familias por una mala política integradora y con los niveles de autonomía personal más óptimos posibles. Se han mantenido varias reuniones desde entonces sin solución por parte del Consistorio.
"Las condiciones y los requisitos para la concesión de la Tarjeta Azul no cumplen el fin social para el que fue creada porque los criterios de concesión dejan al margen al colectivo", apuntó el Comité, que indicó que "supone un agravio comparativo con respecto al Bonotet" y que en el caso de personas que no han podido trabajar por su grave discapacidad, por estar incapacitados y depender de terceras personas, se les deniega sistemáticamente la Tarjeta Azul porque la mayoría de ellos no disponen de ingresos propios, contemplándose los ingresos de la unidad familiar, lo que provoca que se queden fuera del baremo.
"No parece una medida de avance para todos si excluye a las personas con discapacidad gravemente afectadas por los requisitos previos", consideró.
El Comité indicó que "se han enviado dos cartas en 2009, para buscar entre todos soluciones asumibles, que aún no han sido resueltas". "Entendemos que el Ayuntamiento de Madrid tenga mucho trabajo y poco tiempo para contestar a este tipo de situaciones, aunque es nuestro deber recordarles que es el Ayuntamiento de todos y nosotros, y nuestras familias, son, somos parte de esos todos, ciudadanos de Madrid", añadió.
Así, el Comité considera que la tarjeta azul supone una oportunidad para favorecer la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad y destaca que existen múltiples programas para que las personas con discapacidad sean lo más autónomas posible en sus desplazamientos. Por ello, no entiende contar con apoyos para posteriormente ir retirándolos.
Según consta en munimadrid.es, para acceder a la tarjeta azul hay que estar empadronado en el municipio de Madrid y ser mayor de 65 años, o pensionista por razón de edad, gran invalidez o invalidez permanente, cónyuge o pareja de hecho de beneficiarios englobados en las dos categorías anteriores, discapacitado con un grado de minusvalía del 33 por ciento o superior, mayor o menor de 18 años o dependientes en cualquiera de sus grados, que no perciba por ingresos totales individuales, de acuerdo con la información que obre en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el momento de la solicitud, una cantidad superior al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).
