MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha interpuesto este miércoles un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Sanidad, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario, y solicita que se declare nula de pleno derecho.
Según el CERMI, esta aportación del usuario con discapacidad --comúnmente llamada copago--, propuesta por la Dirección General de Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio, "vulnera directamente el derecho a la salud que recoge la Convención de la ONU, ratificada por España".
En este punto, explica que las personas con discapacidad tienen un gasto familiar o personal "muy superior", que está asociado a la propia discapacidad, por lo que se encuentran en una situación de discriminación y desventajas sociales. Así, añade que el establecimiento de este nuevo copago "agrava esta situación discriminatoria".
"Se está produciendo un grave quebranto en los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, ya que vulnera el tratado internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad", ha denunciado la organización.
Asimismo, advierte de que esta decisión ministerial "no explicita con claridad que se respete la disposición normativa que establece la exención de abono de aportación por el consumo de especialidades farmacéuticas, de la que gozan los beneficiarios del sistema de prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad", por lo que "también vulneraría la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI)".
Por otra parte, insiste en que esta resolución tiene incidencia en un "número importante" de personas con discapacidad y sus familias, "a quienes el CERMI representa y a quienes defiende sus intereses y derechos", y "la administración que la dictó está obligada a consultar a esta organización toda decisión que les afecte".
"Es una resolución manifiestamente perjudicial para las personas con discapacidad y sus familias, a las cuales no se han tenido en cuenta para adoptarla, y es claramente discriminatoria precisamente para un grupo social que precisa de apoyos más intensos y significativos en una materia tan sensible como es la de la salud y que atenta gravemente contra las normas de rango legal", concluye el CERMI.
