MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Sri Lanka no tiene permiso para acceder a los centros de rehabilitación donde permanecen los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE) que se rindieron y que siguen retenidos, según afirmó hoy la portavoz del CICR en Colombo, Sarasi Wijeratne, en declaraciones al 'Daily Mirror'.
Wijeratne también indicó que siguen en curso las conversaciones con el Gobierno de Sri Lanka para determinar qué actividades podrían hacerse en favor de las poblaciones afectadas con las que el CICR trabajaba desde el pasado julio, cuando el Gobierno pidió al CICR cerrar sus oficinas en toda la provincia del este.
Por otro lado, Naciones Unidas manifestó hoy que no puede continuar de forma indefinida financiando el mayor campamento para refugiados en Sri Lanka, el Menik Farm, donde el Gobierno alberga a cerca de 300.000 personas, informa la BBC.
En el campamento Menik Farm también permanecen los rebeldes tamiles que huyeron del enfrentamiento durante los meses anteriores al fin de la guerra civil que se alargó durante más de 25 años y a la que se puso fin el pasado mayo.
Las autoridades ceilandesas dicen que aún están investigando a las personas que residen en este lugar por si tienen vínculos con los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE).
Mientras, la ONU indica que a los civiles que viven en Menik Farm se les debería permitir abandonar este campamento tan pronto como sea posible. Desde que terminó la guerra el pasado mes de mayo, las autoridades ceilandesas han rechazado que nadie se marche de este campamento excepto algunos jóvenes, ancianos y sacerdotes.
El coordinador y residente humanitario de la ONU en Sri Lanka, Neil Buhne, criticó hoy el hecho de que el Gobierno no permita el acceso de la Cruz Roja Internacional a los cerca de 10.000 tamiles a quienes el Gobierno califica como sospechosos de pertenecer a los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). El presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, afirmó esta semana que podría llevar entre seis meses a un año saber cuántos de los desplazados serán juzgados.
Las agencias de la ONU financian y administran los campamentos. "La mejor solución es obviamente que tanta gente se marche tan pronto como sea posible", declaró a la BBC Buhne. "Y este lugar podría convertirse, para aquellas personas que no tienen otro lugar donde ir, en un sitio abierto", añadió.
De manera separada, una portavoz de la ONU en Nueva York indicó que este organismo está "extremadamente preocupado" sobre dos de sus miembros ceilandeses que fueron arrestados el pasado junio cerca de los campamentos y que permanecen en detención. También aseguró que se han producido acusaciones de que han sido maltratados por parte de las autoridades.
