MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) apuntó hoy en un comunicado, que el Gobierno no puede acogerse a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la alimentación forzosa en sendas sentencias del Grapo para aplicársela a la activista Aminetu Haidar, en huelga de hambre desde hace tres semanas, porque "no está sujeta a Instituciones Penitenciarias".
En este sentido, recuerda que "incluso el TC matizó que en ningún caso se podría obrar de esta manera en situaciones de capacidad y libertad de la persona". Además, apunta que la alimentación forzosa "viola la Ley General de Sanidad de 1986 y la ley 41/2002 de autonomía del paciente, además de todas las leyes autonómicas de voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital, en las cuales se recoge el derecho a rechazar cualquier tratamiento, incluyendo la anticipación a través del documento de testamento vital".
Por ello, considera que la alimentación forzosa de una persona mayor de edad y libre "es un atentado a los derechos humanos y a los derechos fundamentales que emanan de nuestra Constitución, violando los convenios internacionales firmados por España como el Convenio de Oviedo" y advierte de que "todo funcionario --incluyendo a los miembros del Gobierno--, juez, médico o sanitario que participe en el procedimiento de la alimentación artificial está cometiendo a sabiendas un delito contra la dignidad y la integridad moral de las personas y puede ser llevado ante los tribunales".
Así, ADMD considera que la solicitud de alimentación artificial contra la voluntad de una persona libre, "además de un acto de ignorancia, es un acto de totalitarismo imperdonable y rompe con las normas de juego del estado de derecho. Hace un daño irreversible, no sólo a Aminetu, sino a todas aquellas personas, que por causas de enfermedad, al final de su vida deciden poner fin a sus tratamientos para poder morir en paz", añade en el comunicado.
A su juicio, se trata de "un torpedo a la línea de flotación de los derechos de los enfermos y al trabajo que lleva realizando esta Asociación desde hace 25 años" y lo asemeja a "los procedimientos inaceptables que realizó en Italia Berlusconi con respecto al caso de Eluana, y que fueron criticados por los mismos miembros de este gobierno".
