MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Doce organizaciones han entregado este miércoles al Ministerio del Interior un total de 10.520 firmas frenar el "internamiento indiscriminado" de inmigrantes y recordar a las autoridades españolas que "existen alternativas" a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
La iniciativa es apoyada por Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Asociación Profesional de Abogados de Extranjería, Grupo Inmigración y Derecho Penal (Inmigrapenal), Movimiento contra la Intolerancia, Médicos del Mundo, Mugak SOS Racismo, Pueblos Unidos, Red Acoge, Women's Link Worldwide y Pro Igual.
En la carta, que han entregado al Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, las entidades muestran su preocupación por la "detención indiscriminada" de muchas personas extranjeras en situación administrativa irregular, "sin valorar previamente sus circunstancias particulares y la existencia de otras medidas alternativas posibles, previstas en la Ley Orgánica de Extranjería".
Además, las organizaciones apuntan que los CIE son lugares "susceptibles de violaciones de derechos humanos" e indican a las autoridades españolas que el nuevo reglamento de funcionamiento de estos centros, actualmente en tramitación, "debe garantizar los derechos de las personas internadas".
"Las cifras de internamiento en España son muy altas, unas 50.000 personas han pasado por los CIE en los últimos tres años. Muchas más son expulsadas directamente desde comisaría. Se está privando a migrantes de libertad de forma excesiva y sin las cautelas y garantías previstas en la Ley, lo que vulnera el derecho a la libertad", ha asegurado la portavoz de la organización Pueblos Unidos, Cristina Manzanedo.
Y aunque no existen cifras públicas anuales sobre los CIE, Pueblos Unidos revela que "solo" un tercio de las personas que visitó en 2012 en el CIE de Aluche tenían condenas penales. Asimismo, las organizaciones apuntan, citando datos solicitados por el Defensor del Pueblo y el Congreso, que "casi la mitad de las personas internadas en los CIE no son finalmente expulsadas, lo que indica que en muchos casos, la privación de libertad de estas personas era improcedente".
En este sentido, precisan que la detención y el ingreso en CIE "debe ser una medida excepcional, después de una valoración individual de cada caso concreto y una vez que se hayan explorado todas las medidas alternativas". Además, piden que no se interne a personas vulnerables, refugiados, mujeres víctimas de trata de seres humanos, menores o progenitores con menores españoles a su cargo.
Las organizaciones también muestran su "preocupación" por el retraso y el contenido del nuevo reglamento de funcionamiento de los CIE, que el Ministerio de Interior prepara desde enero de 2012, y reclaman que el documento revise el modelo de funcionamiento de los CIE, garantice los derechos de las personas internadas y prevenga y asegure mecanismos frente a agresiones u otros tratos inhumanos.
