SEVILLA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones ecologista Greenpeace y Ecologistas en Acción han valorado el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, una iniciativa "valiente" de la Junta, porque "va en sentido contrario a la modificación de la Ley de Costas". Además, esperan que "sea el primer paso para iniciar un proceso de revisión de todos los planes urbanísticos de la burbuja inmobiliaria".
En declaraciones a Europa Press, del delegado de Greenpeace en Andalucía, Juan de Dios Fernández, ha dicho que, a falta de su publicación del documento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el próximo 29 de julio, el Ejecutivo "ha sido valiente desarrollando un documento que va en sentido contrario a la modificación de la Ley de Costas", la cual propone "seguir haciendo un uso insostenible del litoral basado en especular y destruirlo"
Asimismo, ha señalado que el hecho de que se haya incrementado en un 50 por ciento el uso protegido, "no solo garantiza la protección del litoral andaluz, sino también el uso público de todas las persona, poniendo por delante los intereses públicos a los privados".
No obstante, el delegado de Greenpeace considera que la Junta "podía haber sido más valiente aún habiéndole retirado la competencias urbanísticas a municipios como Carboneras o Tarifa (Cádiz), que han puesto de manifiesto una total falta de respeto hacia el medioambiente y la protección de su litoral".
Por su parte, el secretario general de ordenación del territorio de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, ha valorado el Plan, pero, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que espera que "sea el primer paso para iniciar un proceso de revisión de todos los planes urbanísticos de la burbuja inmobiliaria", porque "es sorprendente que ante la crisis todo se recorte menos los millones de metros cuadros de suelo urbanizable que se declararon al calor de la especulación urbanística, cuando no tienen ni uso ni posibilidad de desarrollo".
En este sentido, Clavero ha subrayado que desclasificarlos "es una garantía de recuperación económica", porque "pesan como una espada de Damocles sobre las entidades financieras, los ayuntamientos y sobre toda la sociedad, que va a terminar pagando el coste de esos activos tóxicos", concluye.
