El PP acusa a Exteriores de "ignorar" dos sentencias y lo vincula a los lazos que tiene la ONG con gente del PSOE
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha congelado una subvención de 24 millones de euros que concedió este año a la ONG "Asamblea de Cooperación por la Paz", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fallara en 2009 que la organización aparentaba gastos de personal irreales.
Además, ha iniciado un procedimiento para que la ONG deje de ser uno de sus socios preferentes y no pueda por tanto optar a las mayores subvenciones que el Ejecutivo concede a las organizaciones de mayor prestigio y tamaño.
La ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Trinidad Jiménez, ha subrayado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que "Asamblea de Cooperación por la Paz" "no ha recibido ni un solo euro" de la subvención de 24 millones que el Gobierno aprobó concederle este año.
Ha informado también de que hace unas semanas, antes de que este tema saltara a los medios de comunicación, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) abrió un expediente para dejar de considerar a la ONG un socio preferente, lo que se denomina formalmente revocarle la calificación, procedimiento que aún no ha terminado.
Jiménez respondía a una pregunta del portavoz de Cooperación del PP, Gonzalo Robles, que ha denunciado que esta ONG desviaba fondos públicos destinados al pago de los salarios de sus trabajadores para otros fines, motivo por el que la Abogacía del Estado recomendó en enero pasado que se le revocara la calificación a la ONG y se le pidiera la devolución de las ayudas recibidas.
Sin embargo, ha añadido, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación firma el 6 de agosto una resolución que concede una subvención de 24 millones de euros a Asamblea de Cooperación por la Paz, "ignorando dos sentencias judiciales y el informe del abogado del Estado".
VINCULACION SOCIALISTA
Robles ha vinculado el comportamiento del Ministerio en este caso con el hecho de que esta ONG se define a sí misma como "progresista, laica, fundada por las gentes de izquierda de este país" y que cuenta entre los miembros de su patronato y junta directiva con un responsable del Partido Socialista de Madrid y ex consejeros de distintos Gobiernos autonómicos socialistas.
Jiménez le ha respondido que la AECID "en todo momento se ha ajustado a la legalidad y ha seguido paso a paso las indicaciones de la Abogacía del Estado". "El Gobierno sigue escrupulosamente los principios de transparencia y respeto a la legalidad, valorando estrictamente el trabajo que realizan las ONG", ha remarcado.
Lo cierto es que tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en septiembre de 2009 condenó a la ONG por aparentar gastos de personal irreales, la AECID inició un "proceso de diálogo" con la organización para conocer con más detalle qué había ocurrido y para determinar si, tras la sentencia, la agencia debía dejar de trabajar con ella, han informado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Trinidad Jiménez.
La ONG reconoció ante la AECID una serie de fallos en su funcionamiento que se comprometió a "rectificar" por lo que la AECID decidió mantenerla como uno de sus socios preferentes y aprobó concederle una subvención de 24 millones de euros que sólo se ejecutaría si cumplía una serie de "condiciones", han añadido las fuentes.
Al cabo de tres meses, la agencia ha comprobado que la ONG no ha cumplido lo prometido, por lo que ha decidido iniciar el procedimiento para revocarle la calificación, que será largo, según las mismas fuentes.
