MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace ha celebrado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no vea delito en la escalada que varios de sus activistas hicieron al edificio del Congreso de los Diputados con la intención de denunciar la privatización del litoral que, según consideran, propicia la nueva Ley de Costas.
Ni la organización ni los ocho activistas han recibido aún notificación pero el fiscal Luis Barroso ha pedido el archivo de la causa por considerar, en su escrito, "que no existe constancia de que se alterara el pleno y que su intención fuera invadir la Cámara Baja".
Entonces, los activistas pasaron a disposición judicial de la Audiencia Nacional, donde en un principio fueron acusados de un posible delito contra las "altas instituciones del Estado" que podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel.
El director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha manifestado que el informe de la Fiscalía deja claro que la protesta "era pacífica y que lo único que quería evidenciar es grave retroceso en la protección ambiental y el uso público del litoral que supone la nueva Ley de Costas".
La protesta se llevó a cabo el día en el que en el Congreso se aprobó con la mayoría del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de partidos, la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral. Para Greenpeace, esta aprobación desprotege y privatiza el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular (PP).
