AMORI (JAPÓN), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace criticó "inconsistencias" en el juicio contra los activistas japones, Junichi Sato y Toru Suzuki, que denunciaron la venta ilegal de carne procedente del Santuario Ballenero de la Antártida, supuestamente cometida por la empresa Kyodo Senpaku, contratada por el Institute for Cetacean Research, que tiene carácter gubernamental.
La ONG detalla en un comunicado que en la primera fase del juicio el responsable de ventas de Kydo Senpaku admitió bajo juramento, durante el interrogatorio cruzado de la defensa, que los "obsequios" de carne de ballena fueron entregados a la tripulación pero que no se registró su coste en la contabilidad oficial, pese a que el programa ballenero está financiado por el gobierno japonés.
Asimismo, asegura que el interpelado se contradijo en las declaraciones públicas realizadas con anterioridad en las que expresó "que no existía ninguna práctica de entregar como obsequio carne de ballena a los tripulantes de los balleneros".
La acusación también llamó a declarar al gerente de la empresa de mensajería Seino Transport, la cual repartió las cajas con la carne de ballena en abril de 2008, una vez que la flota regresó del Santuario Ballenero de la Antártida. En su declaración, según Greenpeace, confirmó que pagó al propietario de la caja cerca de 30.000 yenes (aproximadamente 240 euros) de su propio bolsillo y no registró el pago.
La responsable de la campaña 'Océanos' de Greenpeace, Celia Ojeda subraya que las pruebas presentadas por Junichi y Toru sobre la malversación de fondos públicos en el contrabando con carne de ballena son las mismas que hace 18 meses y que, sin embargo, esta vez la versión ofrecida por los testigos de la acusación comienza a mostrar su "debilidad" ante el examen detallado del tribunal.
Greenpeace considera que debe reabrirse inmediatamente la investigación iniciada y denunciada por Junichi y Toru, para juzgar a quienes están cazando ballenas en el Santuario de la Antártida bajo una "supuesta" caza científica.
Además recuerda que más de 250.000 personas han firmado la petición para que se cancele el proceso contra los activistas y que el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la 'Detención Arbitraria' dictaminó recientemente que el gobierno japonés vulneró los derechos fundamentales de Junichi y Toru durante su detención y procesamiento judicial.
