MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La organización ecologista Greenpeace ha denunciado que el Gobierno quiere cobrar 405 millones a los ciudadanos españoles por prolongar la vida de las contaminantes plantas de carbón ya que está promoviendo unos límites de emisiones contaminantes más débiles, al tiempo que recuerda que el fin de las subvenciones al carbón llegará en 2018.
Ante esta situación, reclama al Gobierno que comience con la transición energética a las renovables y abandone los combustibles fósiles.
En concreto, ha acusado al Ejecutivo de realizar "maniobras" para prolongar la subvención a la quema de carbón y alargar a la vida de las centrales térmicas sin tener en cuenta el impacto de éstas sobre la salud y el clima.
La ONG lanza estas acusaciones tras conocer, a través del Consejo Consultivo de Electricidad, el borrador de una orden ministerial por la que el Gobierno financiará a las eléctricas con 90.000 euros por cada MW de central térmica que queme carbón nacional, con la excusa de reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Así, añade que la nueva Orden permitirá seguir subvencionando el carbón nacional durante los próximos tres años, pero las inversiones que se realicen supondrán que la centrales térmicas podrán alargar su vida durante muchos años más, dificultando así la reducción de emisiones en España y la entrada de energías renovables.
De este modo, considera que el Ministerio de Industria ha encontrado en el proceso de alegaciones una "fórmula" para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus impuestos para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas y subvencionen la quema de carbón, que solo en 2010 provocó 535 muertes en España.
"Resulta un escándalo que el Gobierno siga buscando las vueltas para subvencionar el carbón, cuando por normativa europea las subvenciones deben acabar en 2018, y no se trabaje en un plan para la transición justa a un sistema basado al 100% en energías renovables", ha declarado la responsable de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño.
Este lunes Greenpeace realizó una acción de protesta en Sevilla para denunciar la intrusión de representantes de las eléctricas, dueñas de las plantas de carbón, dentro de la delegación gubernamental de España que decide sobre la nueva normativa europea de contaminación del aire para las plantas industriales.
"Aquí el que contamina no solo no paga, sino que cobra. Los beneficios de contaminar son para las eléctricas, pero el coste de descontaminar lo pagamos todos. Y con ese dinero se va a prolongar la vida de las térmicas", ha afirmado el representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo de Electricidad, José Luis García Ortega.
Nuño ha lamentado que el Gobierno esté dispuesto a subvencionar la quema de carbón nacional y que las eléctricas puedan adaptarse a la nueva normativa para seguir funcionando; "sin importarle sacrificar la salud de los ciudadanos y encima obligarnos a pagar por ello", de modo que las centrales de carbón obsoletas que deberían cerrar, podrán seguir funcionando durante decenas de años más.
Los gobiernos de 190 países están reunidos en Bonn desde el 1 al 11 de junio para negociar el texto que seguirá al Protocolo de Kioto y que será base del acuerdo de París el próximo diciembre.
