MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades chinas están encerrando a los drogadictos en centros de detención en los que se les niega el acceso a un tratamiento para su drogodependencia y los ponen en riesgo de abuso físico y los obligan a realizar trabajos forzosos sin remuneración, según afirmó este jueves la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW).
El informe de la organización, que se basa en las investigaciones realizadas en las provincias de Guangxi y Yunan, documenta cómo la ley antidrogas de junio de 2008 agrava los riesgos para la salud de presuntos drogadictos a los que se ha encarcelado más de siete años.
Esta prisión se realiza sin juicio ni supervisión judicial, y la ley no define los mecanismos para las apelaciones legales ni la forma de denunciar una conducta abusiva, y tampoco asegura el tratamiento contra la drogadicción.
"En vez de poner en marcha tratamientos efectivos contra la drogodependencia, la nueva legislación china somete a los presuntos drogadictos a la permanencia arbitraria en centros de detención y a un tratamiento inhumano", afirmó el director de la división de Salud de HRW, Joe Amon. "El Gobierno chino ha explicado la ley como una medida progresiva hacia el reconocimiento de los drogadictos como 'pacientes', pero no se les han dado los derechos de los que disfrutan otros prisioneros", añadió.
El informe documenta cómo los detenidos en algunos centros de detención son golpeados de forma rutinaria, se les niega tratamiento médico y son forzados a trabajar más de 18 horas al día sin paga. Aunque son sentenciados a una "rehabilitación", se les niega el acceso para conseguirla y no se les da ninguna oportunidad para aprender habilidades que les permitan reintegrarse en la comunidad.
Según esta organización, el Gobierno chino ha promovido durante la última década políticas progresivas que abarcan algunas estrategias de reducción de daños como parte de una respuesta práctica a los altos índices de consumo de drogas. Según un comunicado de la Oficina de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos, el "tratamiento contra la drogadicción y la rehabilitación están de acuerdo con los principios humanos".
Sin embargo, HRW afirma que, en la práctica, la nueva legislación agrava los riesgos sanitarios, la marginación social y la estigmatización de los drogadictos. Además, las nuevas leyes aumentan la sentencia en un centro de detención a un mínimo de dos años, una pena mayor que la impuesta con anterioridad --de seis a doce meses--, y los centros de detención permiten los mismos abusos físicos y la negación de cuidados sanitarios básicos.
Los abusos han llevado a la muerte de algunos detenidos, de acuerdo con antiguos drogadictos entrevistados por HRW. La legislación también añade una indefinida "rehabilitación basada en la comunidad" de un período superior a cuatro años, lo que permite de manera efectiva la detención sin juicio durante más de siete años.
"El Gobierno chino debería dejar estos abusos y asegurar que los derechos de los drogadictos son respetados totalmente", aseguró Amon. "Abordar el consumo de drogas requiere un tratamiento voluntario, que se base en la comunidad y mejore los enfoques hacia la drogadicción. Almacenar grandes números de drogadictos y someterlos a trabajos forzosos y a abusos físicos no es una rehabilitación", lamentó.
