MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
Human Rights Watch (HRW) ha pedido a la Policía moscovita que ponga fin a las detenciones arbitrarias y los malos tratos perpetrados contra trabajadores inmigrantes, a quienes acusan de no cumplir las regulaciones de migración y empleo del país.
HRW ha denunciado en un informe publicado este viernes la campaña que lleva a cabo desde el pasado mes de julio la Policía de Moscú contra los inmigrantes irregulares. Desde que comenzó, las autoridades han realizado numerosas redadas racistas en mercados callejeros y otros lugares de alta afluencia de inmigrantes que han acabado con más de 4.000 personas de apariencia no eslava detenidas.
La directora del programa ruso de HRW, Tanya Loshkina, ha asegurado que con estas prácticas, Rusia está violando "las obligaciones exigidas por el Derecho Internacional".
Los trabajadores detenidos, en su mayor parte de origen vietnamita, sirio, afgano, egipcio, marroquí, kirguís, uzbeko y tayiko, son trasladados a centros de detención, donde esperan los fallos de los jueces. HRW ha denunciado que Rusia no cumple los estándares legales internacionales, y ha acusado a las autoridades por la falta de asistencia legal durante la detención de los trabajadores, así como los fallos emitidos en los juicios --principalmente deportaciones-- basados en "audiencias superficiales que no son cuestionadas".
Según información de los medios, sólo el 7 de agosto fueron detenidas más de mil personas en el Mercado de Jardineros de Moscú. Al día siguiente, las autoridades hicieron redadas racistas en varias estaciones de metro de la ciudad, deteniendo y pidiendo documentación a personas de apariencia no eslava. Esta campaña policial comenzó, presuntamente, después de que un agente intentara arrestar a un supuesto violador en un mercado moscovita el pasado 27 de julio, quien resultó herido tras ser atacado por los familiares del sospechoso.
La preocupación por el aumento de los flujos de inmigración y el crimen "étnico" se han convertido en la retórica dominante del Gobierno, en una etapa previa a las elecciones a la Alcaldía de Moscú, que tendrán lugar el 8 de septiembre.
HRW ha denunciado que los detenidos no cuenten con asistencia legal, servicios de traducción ni permiso para informar a sus familiares. Asimismo, las autoridades no permiten a los detenidos acceder a sus pertenencias, ni siquiera la documentación que no llevaran encima durante la detención. Según HRW, algunos de los detenidos que esperan ser deportados tienen condición de asilados, permisos de trabajo e incluso todos sus papeles en regla para residir en Rusia.
DETENIDOS EN TIENDAS DE CAMPAÑA
Las autoridades policiales han construido un campo de detención provisional --con tiendas de campaña-- en Golyanovo, en el este de Moscú, a donde están siendo trasladados cientos de detenidos. Las instalaciones no cuentan con electricidad, sistemas de comunicación ni agua potable, y los detenidos se enfrentan a condiciones inadecuadas sanitarias y de alimentación, según el informe de HRW. El 7 de agosto, una treintena de reclusos tuvieron que ser hospitalizados por erupciones cutáneas y alergias en la piel, de origen desconocido.
Las instalaciones, con capacidad para 900 personas, no son legales, según ha asegurado HRW. La jefa de la Comisión de Asistencia Cívica (CAC) --un organismo que ofrece asistencia legal a inmigrantes y asilados--, Svetlana Gannushkina, ha asegurado que la ley rusa obliga a que los extranjeros que esperan ser deportados sean detenidos en centros especializados. "Golyanovo es una instalación de detención ilegal", ha asegurado Gannushkina.
El Defensor del Pueblo ruso, Vladimir Lukin, ha asegurado a los medios que las condiciones sanitarias del campo son inaceptables, especialmente el estado de los aseos. Gannushkina, que ha visitado el cmapo con Lukin, ha descrito las condiciones del campo como "inhumanas".
Gannushkinha ha comunicado a HRW que la mayor parte de los detenidos que fueron entrevistados por su grupo, no tenían dinero y tampoco habían recibido sus sueldos. Sin embargo, la mayor preocupación, asegura Gannushkina, es que los detenidos no puedan acceder a sus pertenencias y a su documentación.
El tribunal que ordena las deportaciones ha exigido que no se tome en consideración ningún caso específico ni individual, por lo que a pesar de que algunos de ellos cuentan con documentación y permisos para estar en el país, las autoridades rechazan revisar sus casos.
FALTA DE ASISTENCIA LEGAL
Tres de los detenidos --dos de origen sirio y uno, afgano-- en Golyanovo son clientes del CAC. El pasado 6 de agosto, la abogada del CAC acudió al campo para reunirse con ellos, sin embargo, las autoridades pusieron varios impedimentos.
Durante dos horas, la Policía no autorizó su entrada y le exigió los "permisos especiales". A pesar de haber explicado que los abogados no necesitan "permisos" para visitar a sus clientes, las autoridades intentaron despacharla. Aunque finalmente pudo reunirse con sus clientes después de que el CAC realizara varias llamadas, sólo pudo hacerlo bajo vigilancia policial. "Obstruir una reunión entre un cliente detenido y su abogado es una violación flagrante de la ley internacional de derechos humanos", ha dicho la directora de HRW en Rusia.
DETENCIONES INJUSTIFICADAS
Las detenciones llevadas a cabo el 8 de agosto se llevaron a cabo bajo observación de miembros de HRW. El organismo en defensa de los derechos humanos ha asegurado que muchos trabajadores habían sido detenidos porque "no hablaban suficiente ruso" y la Policía no disponía de traductores.
Asimismo y a pesar de que la ley rusa no permite que la Policía realice detenciones en comisaría durante más de 48 horas, HRW y el CAC han denunciado detenciones de tres a cinco días en estos centros, donde las celdas no están preparadas para estancias largas y no cuentan con instalaciones sanitarias adecuadas.
"No hay nada que justifique las detenciones masivas por motivos étnicos", han asegurado desde HRW. "Si las autoridades quieren luchar para mejorar la seguridad y el orden público en Moscú, deben centrarse en la lucha contra el crimen y no desviar el descontento social utilizando a los inmigrandes como chivos expiatorios", ha concluido HRW.
