El 28 de septiembre de 2009, las fuerzas de seguridad asesinaron a más de 150 opositores en un estadio de la capital
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que "ninguna de las personas responsables" de la matanza de Conakry, de la que ayer martes se celebró un año, ha sido procesada hasta la fecha, razón por la cual, advirtió, mientras los familiares de las víctimas "siguen llorando a los suyos", los que "planificaron, perpetraron e intentaron disimular estos actos atroces continúan en libertad".
El 28 de septiembre de 2008, más de un centenar de simpatizantes de la oposición murieron por disparos de las fuerzas de seguridad y de la guardia presidencial del entonces hombre fuerte del país, el capitán Moussa Dadis Camara, en un estadio de la capital, en el que se habían reunido para celebrar una concentración pacífica. La masacre fue duramente condenada por la comunidad internacional. El balance oficial es de 58 muertos, pero la ONU lo ha elevado a 156 y ha denunciado la violación de un centenar de mujeres.
Tres meses después de la matanza, Camara sufrió un intento de asesinato por parte de uno de sus asesores cercanos y, desde entonces, el país se encuentra 'de facto' en manos del líder provisional de la Junta Militar, el general Sekouba 'El Tigre' Konate. El país celebrará el próximo mes de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
"Mientras las madres, los padres, los cónyuges y los hijos de las personas masacradas hace un año siguen llorando por los suyos, los que planificaron, perpetraron e intentaron disimular estos actos atroces continúan en libertad", denunció la investigadora para África Occidental de Human Rights Watch, Corinne Dufka.
Después de la matanza, según HRW, las fuerzas armadas intentaron disimular las pruebas y confiscaron decenas de cadáveres del estadio y de las morgues de los hospitales para enterrarlos clandestinamente en fosas comunes. Aparte, decenas de simpatizantes de la oposición han sido detenidos "arbitrariamente" en campamentos militares y policiales, donde "han sido sometidos a graves abusos y a actos de tortura".
El Colectivo de Asociaciones de Víctimas del 28 de septiembre de 2009 ha declarado a la BBC que cerca de 200 niños se niegan a acudir a la escuela a causa de las secuelas psicológicas de la masacre.
"MATANZA PREMEDITADA"
Tanto HRW como la comisión internacional de investigación puesta en marcha por la ONU y otras organizaciones internacionales y locales han concluido que la masacre, las violaciones y los abusos de aquel día "formaron parte de un ataque generalizado y sistemático" y podrían constituir "crímenes contra la Humanidad".
La matanza "aparentemente fue premeditada y organizada por miembros destacados del partido por entonces en el gobierno, el Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD)", según Human Rights Watch.
En octubre de 2009, la comisión de Naciones Unidas reclamó al Tribunal Penal Internacional (TPI) que procesase a los responsables del régimen por la matanza, que calificó de "crimen contra la Humanidad". En febrero de 2010, el Tribunal de La Haya emprendió una investigación preliminar y envió a su fiscal adjunto a Conakry. En junio, el TPI desplegó otra misión a la capital guineana y, según han indicado a la BBC fuentes de la Fiscalía, se espera que haya una tercera misión en las próximas semanas.
El problema, según los términos del Estatuto de Roma, es que el TPI sólo puede actuar en caso de que el país en cuestión no tenga capacidad o voluntad para investigar o procesar. En diciembre del año pasado, el Gobierno guineano se comprometió a abrir una investigación y a procesar a los responsables. La investigación está en marcha desde el pasado mes de febrero.
No obstante, según HRW, hasta la fecha se han detectado "pocos avances en la investigación" y no hay "ninguna prueba de que el Gobierno esté intentando localizar los más de cien cadáveres en los lugares en que se cree que han sido enterrados clandestinamente por las fuerzas de seguridad".
