También insta a asistir a las víctimas y a desminar las zonas afectadas
MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha instado este lunes al Gobierno de Yemen a investigar y responder a las acusaciones que aseguran que la Guardia Republicana colocó en 2011 minas antipersona en la localidad de Bani Jarmuz, al norte de la capital del país, Saná, así como a asistir a las víctimas civiles de las minas y a desminar las zonas afectadas.
Los testimonios recogidos por HRW durante una visita al país, las pruebas recolectadas por ONG locales y otras evidencias reunidas por periodistas internacionales indican que las fuerzas de la Guardia Republicana colocaron minas antipersona en los alrededores de su campamento militar en la zona de Bani Jarmuz. Los líderes de la comunidad han revelado que los miembros de dichas fuerzas se han negado a retirar las minas a pesar de que han causado la muerte de al menos 15 civiles, entre los que se incluyen nueve niños.
"Esto parece ser la violación más grave del Tratado para la Prohibición de Minas en sus 14 años de existencia y es la primera vez que las Fuerzas Armadas de un país adherido a dicho tratado usan minas antipersona", ha declarado el director de la división de armas de HRW, Steve Goose. "La integridad del tratado está en juego. Yemen debe investigar y exigir que los culpables asuman la responsabilidad", ha añadido.
Los líderes de la comunidad de la zona también han afirmado que la Guardia Republicana impidió el paso a un grupo enviado por el Gobierno para limpiar las zonas afectadas por las minas antipersona. Este cuerpo está siendo desmantelado como parte de la iniciativa de reestructuración militar del presidente del país, Abd Rabbu Mansur Hadi.
La colocación de minas antipersona en los alrededores del campamento militar de la Guardia Republicana comenzó en enero de 2011, durante las protestas masivas que desembocaron en mayo en enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes de la oposición. Las hostilidades finalizaron el 23 de noviembre de ese mismo año, cuando el por entonces presidente Alí Abdulá Salé firmó un acuerdo por el cual transfería sus poderes al por entonces vicepresidente Hadi. A cambio, el acuerdo le garantizaba total inmunidad a él y a los miembros de su Gobierno.
Yemen forma parte del tratado de 1997 que prohíbe las minas antipersona. Como todos los Estados adheridos al tratado, Yemen se ha comprometido a no usar jamás y bajo ninguna circunstancia minas antipersona así como a prevenir y suprimir actividades prohibidas, tales como el almacenamiento y la compra de este tipo de minas. Hasta el momento, no se había confirmado ningún caso de uso de minas antipersona por parte de las Fuerzas Armadas de ningún Estado adherido al Tratado para la Prohibición de las Minas.
"Yemen debe ratificar públicamente su compromiso de reforzar todos los aspectos del Tratado para la Prohibición de Minas, incluyendo la prohibición del uso de estas minas mortales", ha señalado Goose. "Yemen debería continuar con sus compromisos derivados del Tratado para la Prohibición de Minas y desminar la zona de Bani Jarmuz, así como asistir a las víctimas", ha concluido.
