MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que hay más de 280.000 civiles tamiles desplazados que permanecen en campamentos para prisioneros en el norte de Sri Lanka e indicó a su gobierno que debe liberarlos "inmediatamente".
Según indicó la ONG, este Ejecutivo, en violación del Derecho Internacional, ha confinado desde marzo de 2008 en campamentos de detención a todos los civiles desplazados por el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE), asegura HRW, quien señala que estos campamentos son llamados "centros de bienestar" por el Gobierno. Sólo una parte de los residentes del campamento, principalmente los ancianos, han sido liberados para que fueran acogidos por familias o residencias.
"Es vergonzoso mantener a varios cientos de miles de civiles que han sido atrapados en medio de una guerra en estos campamentos", afirma el director para Asia de la organización, Brad Adams. "¿No han tenido suficiente? Se merecen la libertad, como todos los ceilandeses", añadió.
Naciones Unidas ha informado que a fecha de 17 de julio de este año, el Gobierno mantenía a 281.621 civiles en 30 campamentos vigilados por el Ejército en los distritos de Vavuniya, Mannar, Jaffna y Trincomalee, todos en el norte. A sus residentes sólo se les permite salir para recibir atención sanitaria de urgencia, y a menudo sólo con escolta militar. Dentro de los recintos, los trabajadores humanitarios tienen prohibido --bajo pena de ser expulsados de los campamentos-- discutir con los residentes el enfrentamiento durante los últimos meses de conflicto o posibles abusos de los Derechos Humanos.
Premkumar, de 44 años, declaró a HRW que él, su mujer y su hija de tres años habían sido confinados en un campamento desde que lograron escapar de la zona de guerra a mediados de mayo. Sólo se le permitió salir una vez para conseguir un dictamen médico. "Por lo que veo, no somos desplazados internos, somos prisioneros desplazados", afirmó. "Solíamos estar en una prisión controlada por el líder del LTTE, ahora estamos en una prisión controlada por el Gobierno", añadió.
En respuesta a las críticas locales e internacionales, el presidente, Mahinda Rajapaksa, ha intentado justificar la política de detención afirmando que cualquier persona que hay en los campamentos podría ser una amenaza a la seguridad. Se une además el hecho de que el Gobierno no ha proporcionado ningún plan para su reasentamiento, y los desplazados no han recibido ninguna información sobre cuándo podrán volver a sus hogares.
Aunque el Derecho Humanitario permite restricciones sobre el movimiento por razones de seguridad, estas restricciones deben tener una base legal clara, deben estar limitadas a lo que es necesario y deben ser proporcionales a la amenaza.
"Las promesas vagas sobre la liberación futura de las personas retenidas ilegalmente en campamentos de detención no justifican mantenerlos allí", aseguró Adams. "Cada día que pasa en estos campamentos es otro día que el Gobierno viola sus derechos", afirmó.
CONDICIONES DE VIDA INADECUADAS
Además, la situación de los residentes de los campamentos está agravada por las inadecuadas condiciones de vida. Muchos están abarrotados, algunos acogen el doble del número que recomienda el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y, de acuerdo con la ONU, hay una escasez de letrinas y el acceso al agua es inconsistente. Sólo en junio, los responsables sanitarios registraron más de 8.000 casos de diarrea, así como cientos de casos de hepatitis, disentería y varicela.
Por otro lado, el Gobierno ha sellado estos campamentos del escrutinio público. Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, los periodistas y otros observadores independientes no pueden entrar, y las organizaciones con permiso para acceder se han visto obligadas a firmar un acuerdo por el que no pueden revelar las condiciones en los campamentos sin permiso gubernamental.
"El tratamiento del Gobierno hacia su población tamil en los últimos meses ha hecho que pierda gran parte de la simpatía hacia los desafíos a los que se enfrenta. El Gobierno necesita cambiar el curso actual o esperar un mayor examen por parte de la comunidad internacional en el futuro", concluyó Adams.
