MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Manos Unidas, Justicia y Paz, Confer, Redes, Obras Misionales Pontificias y Cáritas han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que realicen un consumo responsable y exijan a los poderes públicos que sitúen el derecho a la alimentación en el centro de sus políticas y acometan el objetivo de acabar con el hambre en la nueva agenda 'Post 2015'.
Con motivo del Día Mundial de la Alimentación que se celebra este viernes, las organizaciones recuerdan que 805 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo y que todavía una de cada nueve personas sufre desnutrición crónica mientras que en el mundo se desperdicia el 30% de todos los alimentos producidos.
Por ello, en el marco de la campaña global 'Una sola familia humana, Alimentos para todos', reclaman el derecho de todos los seres humanos a una nutrición suficiente, sana y adecuada, como parte esencial de una vida digna.
Concretamente, hacen un llamamiento a la ciudadanía a "comprometerse" a mantener un estilo de vida basado en el consumo responsable y sostenible, que evite el desperdicio de los alimentos.
También piden a los poderes públicos y representantes políticos que sitúen, tanto a nivel estatal como europeo, el Derecho a la Alimentación en el centro de las estrategias de Gobierno y "lo protejan de los intereses del mercado cuando éste intente utilizar los recursos de la tierra, el agua, las semillas y el trabajo en beneficio de unos pocos".
Asimismo, les reclaman que respalden un modelo agrícola sostenible destinando al menos un 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo a la agricultura familiar y dando prioridad a la producción de alimentos sobre el cultivo de agrocombustibles y actividades intensivas que conllevan la degradación de los ecosistemas.
Además, les exigen que implementen un marco regulador que evite la inflación del precio de los alimentos y su desperdicio, en cualquiera de las etapas de producción y consumo; y que incluyan a agricultores, pescadores artesanales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) como socios expertos en la lucha contra el hambre a la hora de diseñar políticas públicas, definir líneas de financiación y acometer la regulación de los mercados.
Finalmente, les instan a apoyar la consecución de un acuerdo internacional para frenar el cambio climático, que dé pie a modelos más sostenibles de producción de energía y de alimentos.
