NUEVA YORK, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de defensa de los derechos de la comunidad latina en Estados Unidos y otras organizaciones de inmigrantes y trabajadores pidieron este jueves que se boicotee la nueva ley de inmigración del estado norteamericano de Arizona, que permite a la Policía pedir a cualquier persona que demuestre que reside de forma legal en Estados Unidos.
Estos grupos se han comprometido a no celebrar convenciones, conferencias u otros eventos importantes que impliquen viajes a Arizona y han pedido que otras organizaciones y ciudadanos "consideren si al adquirir bienes y servicios (en Arizona) pueden estar perpetuando esta ley injusta y discriminatoria", dijo en un comunicado la organización que encabeza el llamamiento, el Consejo Nacional de La Raza, que asegura ser la mayor organización defensora de los derechos de los hispanos en Estados Unidos.
También se han unido al boicot el Centro de Justicia Asiático Americano, el Centro para el Cambio en la Comunidad, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la Coalición Nacional Puertorriqueña, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), la Conferencia de Líderes de los Derechos Humanos y Civiles y el Sindicato Unido de Trabajadores de Alimentación y Comercio (UFCW).
"Cuando se aprueba una ley tan opuesta a nuestros valores, debemos actuar con determinación", subrayó la presidenta de La Raza, Janet Murguia. A su juicio, esta ley "abrirá la puerta" a un incremento de los perfiles que elabora la Policía basándose principalmente en la raza de los sospechosos, así como de las detenciones injustas y otro tipo de actos de discriminación.
Sin embargo, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que firmó la ley el pasado 23 de abril, asegura que ésta no implica ningún tipo de discriminación racial u otro acto ilegal. Está previsto que entre en vigor este verano.
La ley exige que los funcionarios a nivel municipal, condal y estatal de Arizona, incluidos los agentes del orden, averigüen si una persona es un inmigrante 'con papeles' o 'sin papeles' en caso de que tengan una "sospecha razonable" de que esa persona se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal. La nueva ley también dice que cualquier ciudadano que considere que ésta no se está aplicando adecuadamente puede denunciar a las autoridades locales.
El vicepresidente ejecutivo del SEIU, Eliseo Medina, señaló que con el boicot el mensaje que se quiere transmitir es que "las familias trabajadoras quieren soluciones serias" a los problemas de la inmigración. "No políticas frívolas que perjudican la seguridad pública, gastan millones (de dólares) de los contribuyentes y ponen en peligro nuestros derechos civiles básicos", agregó.
Mark Lauritsen, uno de los líderes del UFCW, indicó, por su parte, que "la ley de Arizona es impracticable e inconstitucional y perjudica al rico patrimonio de inmigración de nuestra nación".
